
Durante años hablamos de digitalizar la justicia como si el objetivo final fuera reemplazar el papel por una pantalla. Hoy sabemos que ese es apenas el primer paso: la verdadera transformación ocurre cuando las instituciones pueden conectarse, compartir información de manera segura y hacer que cada actuación judicial sea trazable.
La obligatoriedad de conectar digitalmente a más de 5 mil autoridades marca, a mi juicio, un cambio importante en la manera de entender la modernización judicial en México. Se trata tanto de incorporar herramientas tecnológicas como de construir una infraestructura capaz de vincular instituciones que durante mucho tiempo han trabajado con sistemas, procesos y fuentes de información separados.
Una justicia digital eficiente necesita que las instituciones puedan comunicarse entre sí. Tener un expediente en línea sirve de poco si la información no puede compartirse y consultarse entre las distintas autoridades.
Lo mismo ocurre cuando la información existe, pero no sabemos con claridad cuándo fue actualizada, quién la incorporó o qué actuaciones se realizaron sobre ella.
Digitalizar sin trazabilidad puede acelerar procesos, pero no necesariamente mejora la calidad de las decisiones.
En nuestra experiencia, uno de los principales retos sigue siendo el volumen de información. Cuando los procesos legales crecen en escala, la información deja de ser un respaldo y se convierte en una carga. El desafío es poder consultarla, verificarla y darle seguimiento sin perder contexto.
Por eso considero que los datos judiciales deben convertirse en un activo de gestión y, al mismo tiempo, en una responsabilidad profesional. Abogados, empresas, tribunales y áreas legales necesitan saber qué información reciben y también de dónde proviene, cuándo cambió y cómo se utilizó.
La trazabilidad permite reconstruir la historia de un proceso y reducir los espacios de incertidumbre que todavía existen alrededor de la gestión de los asuntos legales.
Esto adquiere una dimensión todavía mayor con la inteligencia artificial. La automatización ya puede ayudar a clasificar documentos, identificar patrones, ordenar información y acelerar tareas que antes consumían horas de trabajo. Pero automatizar una actividad legal no significa transferir la responsabilidad a una máquina. Aquí aparece una pregunta que debemos enfrentar: ¿quién responde cuando un algoritmo se equivoca?
La respuesta no puede ser “la tecnología”, ya que detrás de cada sistema existen personas que lo diseñan, instituciones que deciden utilizarlo y profesionales que deben supervisar sus resultados.
La eficiencia nunca debería convertirse en una excusa para diluir la responsabilidad.
En materia jurídica, una recomendación incorrecta puede afectar una estrategia, un plazo, un patrimonio o incluso el acceso de una persona a la justicia.
Por eso, la transformación digital debe avanzar acompañada de reglas claras sobre seguridad, calidad de los datos, supervisión humana y trazabilidad, pero también de una visión que mantenga a la tecnología alineada con el propósito de cada empresa. La inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta indispensable para el trabajo legal y para ayudar a las organizaciones a cumplir mejor sus objetivos, pero necesita límites y criterios que permitan saber cuándo confiar en ella y cuándo intervenir.
Desde mi perspectiva, la siguiente etapa de la justicia digital no estará definida por cuántos expedientes logremos convertir en archivos electrónicos, sino por nuestra capacidad para conectar información y convertirla en conocimiento confiable. La tecnología puede ordenar y dar seguimiento a la información judicial que reciben y gestionan abogados, empresas y áreas legales, pero el reto va mucho más allá de una herramienta.
La verdadera transformación consiste en construir una justicia donde la información pueda seguirse, verificarse y utilizarse con responsabilidad.
La tecnología puede conectar instituciones; los datos pueden hacer visibles los procesos; y la inteligencia artificial puede acelerar tareas. Pero la confianza seguirá dependiendo de algo que ninguna tecnología puede automatizar por completo: quién responde por las decisiones que se toman.

