Mucho se ha hablado de una nueva economía, de olvidar los modelos antiguos o de encontrar una nueva forma de hacer las cosas. Esto porque muchos de los problemas de la actualidad –cambio climático, inequidad, sobre explotación de los recursos– se le han atribuido al capitalismo y en especial a las empresas.

La pandemia solo expuso aún más todas estas problemáticas encendiendo la conversación sobre los modelos económicos que los causaron y sobre si el sistema de consumismo bajo el cual hemos vivido es la causa de muchas de las problemáticas sociales que hoy nos toca enfrentar.

Pero, así como las empresas son parte de la causa, también son una parte importante de la solución de los problemas sociales que enfrentamos. Al menos así lo creemos quienes hemos apostado a un nuevo modelo económico en el cual las empresas tienen un rol clave para la creación no sólo de valor económico sino también de valor social.

Desde ganadores del premio nobel como Muhammad Yunus, que promueve el capitalismo social, hasta expertos en negocios y académicos como Michael Porter creen que desde las mismas empresas y aprovechando los mismos mecanismos del capitalismo –leyes del mercado, capital privado, escalabilidad, competitividad, etc.– se pueden resolver las problemáticas sociales.

Esta visión se ha venido desarrollando desde hace varios años en los que se ha concebido un nuevo tipo de empresas que no sólo buscan generar riqueza, sino que también han priorizado generar bienestar, a las que se les conoce como empresas sociales.

Esta visión contradice muchos discursos sobre la maldad de las empresas, el abuso del poder, la explotación de las personas y los recursos naturales, el desinterés por el medio ambiente y la descomposición social que pueden crear. Y no es que no existan empresas así, pero hay muchas que han decidido cambiar las formas de hacer las cosas.

México se pone al día

En muchos países se ha puesto a prueba el modelo que promueve las empresas sociales, apostando a una nueva economía, gracias a la creación de un marco jurídico regulatorio que defina tanto la figura legal como la reglamentación para que puedan operar y sobre todo prosperar. Tan solo en América Latina Colombia, Ecuador y Perú ya cuentan con una ley de empresas sociales y en Argentina, Chile y Uruguay ya se está discutiendo en los congresos.

Pero en México hasta el momento no hay discusiones ni propuestas “formales” para una ley de empresas sociales, aunque sí existen empresas que, por sus actividades y no por su forma legal, se han definido como sociales. Las mismas han tenido que operar sorteando los aspectos legales y fiscales como cada una de ellas ha considerado y lo que ha impactado la forma en que generan ingresos o bien de conseguir financiamiento.

Esto ha limitado su crecimiento al no contar con leyes que faciliten su operación y brinden beneficios para continuar generando impacto o para atraer el capital adecuado. Estas leyes, que deberían contemplar desde la figura legal, así como la reglamentación sobre su operación e incentivos o beneficios fiscales, son el primer paso para movernos a una nueva economía.

Los retos que enfrentamos para tener una ley de empresas sociales en México

1. El primer reto para crear una ley de empresas sociales en México es la definición de lo que es empresa social, ya que no hay una definición consensuada que abarque los diferentes modelos que siguen las empresas sociales existentes. Algunos las conocen como empresas con propósito, otros como empresas de triple balance o bien empresas sociales a secas. Pero más allá del nombre, no existe una definición única que pueda abarcar los diferentes modelos. Sin embargo, lo que sí existe son ciertos componentes que se deben considerar, aceptados por la mayoría de los actores, siendo los principales: la medición del impacto, el fin de lucro y el uso que se la da a las ganancias de la empresa.
2. La medición de impacto es básicamente el elemento que define a las empresas sociales: para una empresa social el generar impacto es parte de su razón de existir, de los resultados que debe de entregar, y no solo un área o una responsabilidad, siendo la generación de impacto generado tan importante como la generación de ganancias. Pero este impacto debe de medirse y registrarse para confirmar que sí se está cumpliendo. Y aunque muchas empresas sociales tienen sus métodos de medición también es necesario una entidad externa que pueda confirmar ese impacto. Aquí es donde encontramos el segundo reto para definir la entidad – publica o privada – así como la metodología podría certificar que la medición de impacto es apropiada y que la empresa está cumpliendo con la generación del impacto positivo para que se puedan considerar como empresa social.
3. El tercer reto es conciliar los fines de lucro con la naturaleza social de la empresa. Esto sobre todo porque aquí es donde se encuentran las trabas para definir los incentivos fiscales que podrían tener. Así como las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones y ONGs, tienen beneficios fiscales como los deducibilidad de impuestos en sus gastos o el acceso a fondos y subvenciones, sobre todo considerando su trabajo social, las empresas sociales deberían de tener consideraciones similares. Pero el hecho de que tengan una finalidad de lucro es una barrera para ello. Y aunque no se dice que se deben de tener los mismos beneficios que las fundaciones, tampoco deben de tratarse igual a otras empresas. El reto de la definición de los beneficios o incentivos fiscales puede ser el parteaguas para que más personas decidan crear o convertirse en una empresa social.
4. Por último, está la discusión de la repartición de las ganancias. En los modelos tradicionales de las empresas, las ganancias se reparten entre los socios, pero en las empresas sociales se busca que las ganancias se reinviertan para seguir generando impacto. Pero preguntas como ¿cuanto porcentaje de las ganancias se debería de reinvertir? ¿Cómo se puede asegurar que eso suceda? ¿si no hay ganancias para los socios sería atractivo invertir en empresas sociales? En algunos países con leyes de empresas sociales se ha definido un porcentaje de las ganancias que debe de reinvertirse, dejando un margen para los socios accionistas, pero también algunos sugieren que las ganancias sirvan para pagar solamente la inversión inicial de los socios, pero no para generarles ganancias extra. Ahora bien, esto será clave para que las empresas sociales en México sean atractivas para atraer inversión.

El camino recorrido

Hasta el día de hoy se han tenido muchas mesas de trabajo y de dialogo tanto con actores políticos como con algunas autoridades para impulsar la ley. Desde hace varios años la Asociación de Emprendedores de México (ASEM) incluyó la ley de empresas sociales dentro de su Emprendecálogo, el compendio de propuestas de ley necesarias para impulsar el emprendimiento en México.

Con el Emprendecálogo y gracias a un trabajo constante con la “bancada emprendedora” conformada por 10 senadores de distintos partidos, se han logrado avanzar varias leyes como la “ley de creación de empresas en un día” o la “ley de reemprendimiento”. Sin embargo, aún están pendientes al menos seis propuestas de leyes entre las que se encuentra la ley de empresas sociales.

A su vez, la Alianza por la Inversión de Impacto formada por un grupo de organizaciones y empresas a favor de promover las inversiones éticas y sustentables, también ha llevado a cabo esfuerzos para identificar oportunidades de creación de políticas públicas que fomenten la inversión de impacto para no sólo asegurar un crecimiento de las empresas sociales en México sino también para atraer los capitales extranjeros que buscan inversiones éticas y sustentables al país.

De igual manera Sistema B México, se ha dado a la tarea de promover la ley de empresas sociales en la región y asesorar a gobiernos para que pueda ver la luz del día. En particular su herramienta de certificación ha sido un referente para medir el impacto positivo de las empresas.

Y este año la Secretaria General de Iberoamérica con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá así como actores relevantes del ecosistema de emprendimiento social han trabajado y presentado una de las investigaciones más completas sobre el tema titulada “Las empresas con propósito y la regulación del cuarto sector en Iberoamérica” que sin duda será un parteaguas para trazar el camino a seguir para lograr tener una Ley de Empresas Sociales en México. 

Potencial en México

Como lo mencione al principio mucho se ha discutido recientemente sobre una nueva economía, pero es algo que ya se viene construyendo desde hace varios años en el país.

En 2020 se llevó a cabo un esfuerzo para realizar un censo de empresas sociales, en las cuales se identificaron 305 empresas sociales, aunque hubo cerca de 1,000 empresas que participaron reconociéndose como empresa social. También podemos considerar como una buena señal el crecimiento de las empresas B certificadas en México, las cuales han ido en aumento año con año y hoy en día se acercan al centenar.

México ha visto un crecimiento de programas y estudios relacionados con el emprendimiento social y las empresas sociales, con incubadoras, aceleradoras, fondos de inversión que durante los últimos 10 años han apostado a esta nueva forma de hacer negocios, de crear empresas, de impactar positivamente el mundo.

Gracias a ello hoy las empresas sociales en México han logrado impactar a más de un millón de personas con acceso a servicios básicos y de calidad, aumento de ingresos, construcciones de vivienda, disminución del impacto al medio ambiente, a la vez que han generado cerca de 100 mil empleos directos y atraído más de mil millones de pesos en inversiones.

El potencial de generar empresas de rápido crecimiento, que además de crear valor económico también generen valor social y contribuyan con ello a la solución de las problemáticas sociales en México es enorme. Y el país está en una coyuntura de factores sociales y económicos propicia para que pueda avanzar una ley de empresas sociales.

Lo importante de que exista en México un marco jurídico y una regulación sobre las empresas sociales no sólo servirá para que las que ya están operando puedan ser más eficientes y crecer, sino también para que las empresas existentes o nuevas empresas puedan considerar tomar el camino para convertirse en empresas sociales y ayudar al impulso de una nueva economía.

Mario Romero Mario Romero es Managing Director de Impact Hub Ciudad de México