



En mayo de 2023, un empleado del sector energético en España, identificado como Javier (nombre ficticio), sufrió una meningitis neumocócica que lo dejó en estado de coma. Según Xataka, durante su hospitalización, la empresa para la que laboraba decidió finalizar su contrato temporal el 3 de junio, sin notificarle a él ni a su familia.
Tras cuatro meses en coma, Javier despertó y, durante su proceso de rehabilitación, su hermana descubrió que había sido dado de baja en la Seguridad Social. Al investigar, notaron que la empresa no había proporcionado ninguna comunicación formal sobre la terminación del contrato, lo que generó una situación de indefensión para el trabajador.
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A pesar de que la legislación laboral española establece un plazo de 20 días hábiles para impugnar un despido, los representantes legales de Javier argumentaron que, debido a su estado de coma, este plazo debía considerarse suspendido hasta que él pudiera ejercer su derecho de defensa. Basaron su argumento en el artículo 1969 del Código Civil, que indica que el tiempo para la prescripción de acciones comienza cuando es posible ejercitarlas.
Frente a la demanda presentada en octubre de 2023, la empresa reconoció la improcedencia del despido y acordó indemnizar a Javier con una suma superior a 3,000 euros. Este reconocimiento evitó que el caso llegara a juicio y estableció un precedente sobre la suspensión de plazos legales en situaciones de incapacidad absoluta del trabajador.
Además, se evidenció que Javier había encadenado varios contratos temporales desde junio de 2021, práctica que, al no responder a necesidades temporales justificadas, constituye un fraude de ley según la normativa laboral española.
Esta situación reforzó la improcedencia del despido y subrayó las irregularidades en la contratación laboral de la empresa.
Este caso pone de manifiesto la importancia de que las empresas respeten los derechos laborales de sus empleados, especialmente en situaciones de vulnerabilidad como una enfermedad grave.
Despedir a un trabajador en estado de coma sin notificación no solo es legalmente cuestionable, sino también éticamente reprobable.
Para evitar situaciones similares, es fundamental que los trabajadores y sus familias estén informados sobre sus derechos laborales y que las empresas actúen con transparencia y conforme a la ley. La comunicación efectiva y el cumplimiento de las normativas laborales son esenciales para mantener relaciones laborales justas y equitativas.
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El caso de Javier destaca la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores, especialmente en circunstancias de extrema vulnerabilidad. La justicia española, al reconocer la improcedencia del despido, sienta un precedente importante para futuras situaciones similares, enfatizando que la salud y el bienestar de los empleados deben ser una prioridad en cualquier relación laboral.