Últimamente ha llamado mi atención la expansión tan agresiva que han tenido en México dos tipos de créditos que están afectando a dos segmentos de población muy específicos, uno está regulado y el otro no (crédito fácil, usualmente). Sin embargo, ambos están dañando sobremanera las finanzas de las personas que los contratan ya que los intereses normales y moratorios excesivos de dichos créditos conducen a la pérdida de patrimonio y alimentan un círculo vicioso de deuda en un país con serios y viejos problemas en temas de cultura e inclusión financiera.
A continuación, les platicaré un poco sobre ambos tipos de crédito y espero que sirva como advertencia.
El primer tipo de crédito del que quiero platicarles son los créditos ligados a la nómina de los trabajadores del Estado y pensionados. Financieras que ofrecen crédito de nómina sin revisar el buró de crédito, sin garantía ni aval. Estas generalmente tienen condiciones de crédito muy desfavorables para los acreditados en términos de intereses, comisiones y plazos.
Y es que el descuento de nómina que operan estas firmas no es como un crédito bancario normal, que se descuenta mensualmente desde la misma cuenta bancaria del acreditado. En cambio, estas cobran sus mensualidades de raíz, es decir, el descuento se realiza desde las secretarías gubernamentales o las mismas pensiones y no domiciliando a sus cuentas bancarias.
Esto no debería representar un problema si la toma del crédito se hiciera de una manera responsable, si las condiciones de los créditos que otorgan estas financieras tuvieran condiciones competitivas de mercado y no tan por encima del promedio como actualmente pasa. También se evitaría si las dependencias gubernamentales no permitieran comprometer el sueldo de sus trabajadores al grado de perder cada mes su sueldo casi íntegro.
Como vemos, existe una corresponsabilidad entre los que solicitan el crédito, los que lo otorgan y las dependencias gubernamentales, que prácticamente dejan a estos trabajadores del Estado y jubilados sin sueldo o pensión, según corresponda, para vivir.
Hay que decir que, cuando el trabajador o pensionado acepta este tipo de crédito, firma un contrato que establece que el cobro será descontado directamente de su nómina aún antes de llegar el dinero al banco. Y así lo aceptan. Pero firmar este contrato no obliga a continuar así hasta el fin del crédito. El descuento puede cancelarse haciendo la solicitud correspondiente a la secretaría para la que se trabaje o, en su caso, promoviendo un amparo ante tal situación. De esta manera el trabajador puede seguir con los pagos ya por su cuenta realizándolos en efectivo directamente a la financiera.
Bajo ciertas circunstancias, esto podría considerarse una modalidad de fraude según el Código Penal Federal en el artículo 387, fracción VIII que textualmente dice:
Al que valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de una persona, obtenga de ésta ventajas usuarias por medio de contratos o convenios en los cuales se estipulen créditos o lucros superiores a los usuales en el mercado.
Dicho esto, amigos trabajadores del Estado y pensionados, traten por todos los medios de no recurrir a este tipo de financiamiento. Los puede meter en serios problemas financieros y comprometer la estabilidad de toda su familia.
Desde hace algunos años se han extendido por las ciudades y zonas urbanas del país un grupo de personas ofreciendo los créditos “gota a gota”. Tal esquema consiste en el otorgamiento de pequeños créditos a la palabra y en efectivo con cobro diario y a domicilio. Estos préstamos suelen tener un interés presuntamente bajo, del 10 o 20% mensual y otros del 1, 2 o 3% diario. Lo cual, si hacemos cuentas, resulta ser de 120 a 240%, o bien, de 365, 730 o hasta 1,095% respectivamente de interés anual.
Estos microcréditos no están avalados por ninguna institución financiera y no están regulados de ninguna manera. Su mercado objetivo son pequeños comerciantes y vendedores ambulantes que generalmente no tienen acceso a otras formas de financiamiento formal.
Los prestamistas se instalan en zonas comerciales y ofrecen los préstamos que van de 2,000 a 60,000 pesos sin la necesidad de un contrato. Y, dadas sus excesivas tasas de interés, poco a poco se convierten en deudas impagables y los comerciantes se vuelven objeto de extorsión y violencia.
Actualmente existe una propuesta para la modificación del Código Penal Federal en lo que respecta a la definición y castigo del delito de “fraude” para poder hacer frente a esta modalidad de usura. Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad De México ha comenzado a darle seguimiento al fenómeno para identificar la fuente de los recursos de quienes participan en el esquema.
