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Open finance ya comparte datos; el verdadero salto será poder actuar sobre ellos

COLUMNA

México cerró 2025 con un mercado de e-commerce de 941 mil millones de pesos y un crecimiento anual de 19.2%.

Compartir datos financieros y mover dinero son dos niveles distintos de complejidad dentro del open finance.
Compartir datos financieros y mover dinero son dos niveles distintos de complejidad dentro del open finance. © Depositphotos.com
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Nunca se había tenido tanta visibilidad sobre el propio dinero y, sin embargo, nunca había costado tanto trabajo simplemente moverlo. Cada vez que se habla de open finance en México, se habla de compartir datos, cuentas, movimientos, comportamiento financiero y consentimiento. Pero saber cuánto dinero hay y dónde está no es lo mismo que poder usarlo cuando se necesita, sin fricción, sin repetir el mismo proceso una y otra vez.

Ahí está una confusión que vale la pena aclarar: el open finance no es un producto financiero, es infraestructura. Nadie lo contrata como contrataría una tarjeta, ni un banco se lo entrega al usuario como un producto más de su portafolio. Es la tubería que permite que la información se comparta de forma segura y con permiso explícito del dueño de esos datos. Y, como toda infraestructura, su valor no está en sí misma, sino en lo que se construye encima de ella.

De compartir datos a iniciar pagos

Una de las aplicaciones con mayor potencial de interacción directa con el usuario es la iniciación de pagos: la posibilidad de autorizar un pago desde la propia institución financiera, sin tener que entregar al comercio los datos de una tarjeta.

Y sucede justo en el punto de mayor fricción de la experiencia: el momento del pago.

Dentro del propio open finance existe una jerarquía de complejidad que rara vez se explica. Compartir datos financieros —saldos, movimientos, historial— es, en términos regulatorios y de responsabilidad, un problema distinto al de mover dinero real.

Cuando una institución autoriza que un tercero vea información de una cuenta, el riesgo que asume es de privacidad. Cuando autoriza que ese tercero inicie una transferencia desde esa cuenta, el riesgo es directamente financiero.

Al comprar algo en línea se repite el mismo protocolo: nombre del titular, número de tarjeta, fecha de vencimiento, código de seguridad y rezar para que los sistemas de seguridad del banco no declinen la transacción.

Con la iniciación de pagos activada, ese ritual desaparece. Basta con autenticarse con la institución financiera y, de ahí en adelante, confirmar la operación.

Es un paso más allá de lo que ya existe con CoDi, la plataforma de cobro digital del Banco de México que opera sobre el SPEI. La iniciación de pagos, una vez activada por el usuario, elimina buena parte de esos pasos intermedios.

Esa diferencia —de pedir un pago a poder simplemente ejecutarlo— es la que convierte al open finance en algo útil y no solo en transparencia. Para un comercio o un banco que procesa miles de transacciones al día, esa misma diferencia se traduce en menos fricción operativa.

Un mercado de 941 mil millones de pesos

México no es un mercado pequeño para probar esta hipótesis. En 2025, el comercio electrónico en el país alcanzó un valor de 941 mil millones de pesos y un crecimiento de 19.2% frente al año anterior, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

Hoy, el canal digital ya representa 17.7% de las ventas minoristas del país.

Cada una de esas transacciones pasa, en algún punto, por el mismo cuello de botella: un método de pago que depende de números de tarjeta que pueden vencer, bloquearse o ser interceptados.

Además, eso representa millones de pesos en comisiones que impactan directamente las ganancias de los comercios, costos que podrían reducirse al aprovechar infraestructura basada en transferencias.

América Latina avanza a distintas velocidades

América Latina está resolviendo esta misma pregunta a distintas velocidades. Colombia ya hizo obligatorio su esquema de finanzas abiertas; Chile publicó sus estándares técnicos definitivos para el intercambio de datos financieros; Argentina anunció formalmente su propio marco regulatorio; y Brasil, dentro de ese mismo movimiento, acumula ya más de 138 millones de consentimientos activos, a julio de 2026, en su ecosistema de finanzas abiertas, un dato que suele acaparar la conversación cada vez que se habla de open finance en la región.

Una buena parte de esos consentimientos ya se utiliza para iniciar pagos directamente entre cuentas a través de Pix, algo que en el resto de la región todavía está en construcción.

Pero es solo una pieza dentro de un mapa mucho más amplio, en el que cada país está resolviendo el mismo problema: cómo pasar de compartir datos a poder actuar sobre ellos, con su propio ritmo y su propia arquitectura regulatoria.

La confianza se juega en el momento del pago

Más allá de la velocidad regulatoria de cada mercado, lo que cambia para quien paga es lo mismo en cualquier país y tiene que ver con cómo se protegen sus datos en el momento exacto de la transacción.

La iniciación de pagos elimina esa lógica de una credencial que viaja y se guarda. En su lugar, no existe un número fijo que un comercio conserve, sino una autorización puntual que ocurre dentro de la aplicación de la institución financiera del usuario, donde ya están las capas de autenticación que esa institución decidió construir.

El fraude no desaparece con este cambio, pero sí se concentra. La superficie de ataque deja de estar repartida entre decenas de sistemas ajenos a esa institución y se reduce a una sola: aquella que el usuario ya eligió como la más confiable.

De la transparencia a la utilidad cotidiana

La pregunta que debería hacerse cualquier negocio o usuario no es si el open finance sirve. Eso ya se sabe. Es la base que permite compartir información financiera con permiso explícito, de forma segura y estandarizada.

La pregunta pendiente es qué se construye sobre esa base para que sea útil todos los días, en un México donde comprar y cobrar en línea ya es parte de la rutina diaria.

La iniciación de pagos es, hasta ahora, la respuesta más clara a esa pregunta, aunque siga siendo una promesa en construcción. El mismo cuidado institucional que hoy limita su avance es, con toda probabilidad, la condición que terminará por sostener su confiabilidad.

No resuelve todo lo que falta por construir en la infraestructura financiera de la región, pero sí marca algo concreto: hacia dónde tiene que moverse esa distancia entre ver el dinero y poder usarlo.

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