La próxima reforma constitucional que prohíbe los vapeadores y cigarros electrónicos podrá ser interpretada de forma extensiva. Esto permitiría al gobierno federal y a los estados sancionar a las personas que en la vía pública utilicen este tipo de dispositivos. Esto podría ser contrario al derecho al libre desarrollo de la personalidad de los ciudadanos.

Los cambios a los artículos 4 y 5 de la carta magna aun deben avalar el Senado y los Congresos de al menos 17 entidades. Estos indican “que la ley sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos”.

Es decir, la proscripción no solo incluye la importación y venta de los aparatos y sus respectivas recargas.

¿Te pueden sancionar por usar cigarros electrónicos en la vía pública? Aquí la respuesta

Debido a que los legisladores incluyeron en el texto constitucional las palabras “toda actividad relacionada”, se infiere que la proscripción no solo atañe a las personas y negocios que importan y comercializan vapeadores. También el consumo podría quedar vedado, al menos si este se realiza en la vía pública.

Prueba de ello es que en el dictamen de la reforma se enfatiza que, en opinión de los diputados, la prohibición se justifica “dado el contexto real de la producción, distribución, comercio, y uso de los vapeadores”.

Los legisladores añadieron que socialmente es “más valioso que se proscriban dichas actividades privilegiando la protección real de la salud, por el daño en sí y la potencialidad de daño de aquellos instrumentos”.

Por sí misma la reforma puede interpretarse como que se aplicará una sanción a las personas que vapean, pues el consumo es una actividad relacionada con los vapeadores. No obstante, habrá que esperar a la ley reglamentaria que deben aprobar los diputados y senadores en un plazo de 180 días. Esto tras la entrada en vigor de estos cambios.

Interpretación y derechos humanos

Formalmente, las normas que limitan los derechos fundamentales deben ser interpretadas de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución. Además deben considrarse los tratados internacionales de derechos humanos, favoreciendo -en todo momento- la protección de las personas.

Esto significa que la interpretación de las limitaciones a los derechos humanos debe ser restrictiva y no amplia o extensiva. Es decir, que -cuando una norma acota algún derecho humano- esta debe ser interpretada en la forma que menos afecte a las personas.

Lamentablemente, en México ya no se siguen estas reglas, pues los poderes Ejecutivo y Legislativo federales han actuado en los últimos meses sin tomar en cuenta las obligaciones que el Estado mexicano tiene en materia de derechos humanos.

De hecho, con la reforma que prohibirá los vapeadores, la Cámara de Diputados nuevamente ha incluido en la carta magna una disposición que contradice a la misma Constitución, haciendo de esta un documento cada vez más autoritario y menos eficaz en favor de los derechos fundamentales.

Mercado negro en ascenso

Desde el 31 de mayo de 2022, en México ha habido dos intentos para prohibir los vapeadores.

• El primero fue un decreto publicado en esa fecha por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
• El segundo fue la modificación al Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco.

En el primer caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prohibición absoluta de los vapeadores y cigarros electrónicos. Esto al tratarse de una medida que no es proporcional y que lesiona el derecho a la libertad de comercio.

Lo mismo ocurrió con los cambios al Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, que entraron en vigor a principios de 2023.

Diversos jueces federales, sobre todo en la Ciudad de México, revirtieron las restricciones que se imponían al consumo del tabaco y a los vapeadores, debido a que eran transgresoras de los derechos humanos.

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Estos fallos beneficiaron a diversas empresas que, a través de sendos Juicios de Amparo, controvirtieron las medidas que limitaban la venta de vapeadores, y la venta de alimentos en áreas para fumar en bares y restaurantes, ya que las prohibiciones trasgredían los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

Por eso ahora los legisladores incluyeron el veto a los cigarros electrónicos en la Constitución, para que no se pueda impugnar la constitucionalidad de la proscripción.

No obstante, desde el primer semestre de 2022, la venta de estos dispositivos pasó al mercado negro que maneja el crimen el organizado.

0¿Es legal usar cigarros electrónicos en la vía pública?

En vez de que el gobierno federal impusiera una regulación estricta, e implementara una política de verificación eficaz para controlar la comercialización de vapeadores, se ha decidido su prohibición, lo que ha hecho crecer el mercado ilícito de los cigarrillos electrónicos.

Con estos antecedentes, es previsible que la nueva reforma constitucional fortalezca a la delincuencia organizada, a las redes de distribución de contrabando, y a los sitios en internet que ofertan -sin control alguno- vapeadores y recargas, cuyo contenido desconoce el consumidor.

Así, lejos de proteger la salud de las personas, los cambios a la Constitución en realidad pondrán en riesgo a los mexicanos que vapean, pues estos dispositivos solo podrán adquirirse en el mercado negro.

Surya Palacios