La empresa tabacalera Philip Morris México podrá importar y comercializar en nuestro país cigarros electrónicos, y cualquier otro dispositivo similar. Esto gracias a que obtuvo un amparo que declara inconstitucional el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador con el que -desde el 31 de mayo de 2022- se prohibió la venta de aparatos de vapeo y cigarros electrónicos.
Lo mismo ocurrió en diciembre del año pasado con la cadena de tiendas Sanborns, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim. Ahora Philip Morris consiguió el amparo de la justicia federal en definitiva, por lo que el decreto presidencial no podrá aplicársele a la tabacalera, en tanto que el gobierno ya no puede impugnar el fallo.
El Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa de la Ciudad de México le dio la razón a Philip Morris en un Amparo en Revisión. La autoridad consideró que la prohibición de los vapeadores y sus recargas trasgrede la libertad de comercio contemplada en el artículo 5 de la Constitución, constató ALTO NIVEL al consultar el expediente.
La semana pasada, el presidente López Obrador criticó la decisión del Tribunal, y anunció que la impugnaría, no obstante, eso ya no es posible. Esto porque en este fallo se revisó el amparo concedido a la tabacalera por un Juzgado de Distrito en materia Administrativa. En otras palabras, esto implica que la sentencia del Colegiado es definitiva, pues ya no hay ningún otro recurso que pudiera ejercerse en contra de la Revisión.
En ese tenor, este martes el Decimocuarto Juzgado de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México emitió un auto en el que notifica a las partes la decisión del Tribunal, detallando que primero, “se confirma la sentencia recurrida”, y en segundo lugar que la justicia de la Unión ampara y protege” a Philip Morris “respecto del decreto reclamado”.
De esta forma, el decreto del presidente que desde mayo de 2022 prohibió la comercialización de vapeadores, así como las soluciones de recarga, no podrá aplicarse ni en el presente ni en el futuro a la empresa productora de cigarrillos, la cual también cuenta con una línea de cigarros electrónicos.
Tal y como ocurrió con Sanborns, en este caso tanto el Juzgado de Distrito como el Tribunal Colegiado consideraron que el decreto de López Obrador viola el derecho humano a la libertad de comercio, lo cual es inconstitucional.
La estrategia antitabaco del gobierno federal se expresó con el decreto del mandatario con una prohibición absoluta de cualquier actividad comercial que se lleve a cabo con los vapeadores y cigarros electrónicos, a pesar de que estos pueden o no contener nicotina.
Esto implica una medida excesiva que lesiona la esfera jurídica de las empresas, a partir de que -por ejemplo- los cigarros ordinarios que contienen nicotina y afectan la salud están permitidos.
En la demanda de amparo que ya le fue concedido en definitiva, Philip Morris argumentó que el decreto presidencial viola los artículos 5, 49, 73, fracción X; 89, Fracción I; y 131 de la Constitución.
En esos numerales, además de contemplarse la libertad de empresa y de comercio, se establecen la división de Poderes, las facultades del Congreso y del presidente, y la forma en la que este puede reglamentar las importaciones de cualquier producto.
Los efectos de este amparo solo benefician al consorcio tabacalero, además de que ya existe una sentencia previa en el mismo sentido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue emitida en octubre de 2021, antes del decreto que prohibió de manera absoluta los vapeadores.
