
México no es un actor silencioso en la crisis climática: se encuentra entre los diez países que más gases de efecto invernadero emiten en el ámbito global. Una parte significativa de esa huella tiene ruedas y motor: alrededor del 23% de las emisiones de CO₂ en el país provienen del transporte.
Esto significa que la manera en que nos movemos, y la manera en la que regulamos la movilidad, importa para la crisis climática. En ese contexto, se debe reconocer que los más recientes compromisos climáticos de México privilegien un conjunto de acciones orientadas a transformar el sector transporte en el país a fin de fomentar una movilidad más limpia, segura e integrada.
Las nuevas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) incluyen la transición hacia tecnologías de cero emisiones (entre ellas, el impulso a vehículos eléctricos), el fomento al cambio modal hacia maneras de movilidad sostenible y el desarrollo de nueva infraestructura con proyectos de transporte masivo e infraestructura peatonal y ciclista. Esto es un elemento especialmente relevante en contextos urbanos donde estas formas de ejercer la movilidad ya desempeñan un papel significativo.
En la Ciudad de México, más del 60% de los viajes suceden en transporte público y más de 456,000 viajes diarios son en bicicleta.
Los nuevos compromisos introducen un componente orientado a mejorar las condiciones del transporte público mediante infraestructura adecuada, como carriles exclusivos, paradas y estaciones dignas.
En paralelo, se propone la electrificación del transporte público masivo e integrado.
Estas medidas buscan incrementar la eficiencia operativa del transporte y, a la vez, mejorar la experiencia cotidiana de millones de personas usuarias que dependen de él.
Este énfasis resulta particularmente importante ante el rezago estructural del sistema: la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha documentado que la edad promedio de los autobuses urbanos es de 15 años, por encima del límite recomendado para mantener la seguridad y la eficiencia. De igual manera, al cierre de 2023, la flota de autobuses con placas federales alcanzaba una vida útil promedio de 19.3 años, y la propia SICT estima que 41% de la flota nacional de autobuses, camiones y tractocamiones requiere renovación.
En este sentido, la mejora de la infraestructura del transporte público adquiere un carácter operativo y de justicia urbana.
Por otra parte, la incorporación de un compromiso con el fortalecimiento del sistema ferroviario nacional es uno de los elementos más relevantes de las NDC.
La implementación del Programa Nacional Ferroviario, junto con la construcción de infraestructura sustentada en energías limpias, apunta a un regreso del transporte regional que podría reducir significativamente la huella ambiental de la movilidad.
La ampliación de corredores ferroviarios para pasajeros, como Ciudad de México–Nuevo Laredo, Ciudad de México–Nogales y Ciudad de México–Pachuca, busca mejorar la conectividad entre regiones, mientras que el impulso al transporte ferroviario de carga pretende aumentar la cobertura y la eficiencia del Sistema Ferroviario Nacional.
Cabe destacar también que, en noviembre pasado, durante la COP30, México se comprometió a acelerar la adopción de camiones y autobuses de cero emisiones, con la meta de alcanzar el 100% de ventas de vehículos nuevos de este tipo para 2040.
Con esta decisión, el país se sumó a un ambicioso acuerdo global que integra a más de 40 gobiernos a través del Memorando de Entendimiento Global sobre Vehículos Medianos y Pesados de Cero Emisiones, el cual establece un objetivo intermedio de al menos 30% de ventas para 2030.
Este compromiso representa un paso importante hacia la descarbonización del transporte de carga y del transporte público pesado, sectores que actualmente concentran una proporción elevada de las emisiones del sistema de transporte nacional.
En este contexto, y con la finalidad de implementar los cambios y propuestas de las nuevas NDC, existen dos ventanas de oportunidad política clave para impulsar la transición hacia vehículos de cero emisiones en el sector transporte.
La primera es la actualización de la norma de eficiencia energética para vehículos ligeros, o NOM-163-SEMARNAT-SCFI-2023.
Esta norma regula las emisiones de CO₂ del escape de vehículos ligeros nuevos, establece límites anuales de gCO₂/km que debe cumplir cada fabricante de vehículos y ofrece un sistema de créditos por la introducción de ciertos tipos de tecnologías al mercado.
Sin embargo, la versión actual de la NOM (fase 2 2025-2027) no es suficiente para lograr las metas climáticas ni de electrificación de vehículos ligeros del país; las flexibilidades contempladas en dicha norma podrían disminuir su efectividad hasta en un 30% en las reducciones de emisiones proyectadas para 2030.
Para alcanzar las metas climáticas para el sector transporte, se debe apuntar a una actualización para la NOM-163 más estricta que amplíe el horizonte temporal de aplicación hacia 2030 y 2035, así como reducir flexibilidades y créditos sobredimensionados para fabricantes de vehículos.
Una meta ambiciosa e ideal para la NOM-163 sería buscar disminuir las emisiones de la flota de nuevos vehículos ligeros entre un 50% y 70%.
Una segunda ventana de oportunidad para impulsar la transición hacia un transporte limpio es la publicación de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica (ENME).
Este documento establece metas para las ventas de nuevos vehículos eléctricos de todo tipo hacia 2030 y 2050. De igual forma, establece líneas de acción para expandir la infraestructura de carga pública en las principales ciudades y corredores carreteros del país y acciones complementarias para esta transición tecnológica.
La ENME debe establecer metas ambiciosas, alineadas al Pacto de Glasgow, en donde se acuerda impulsar que 50% de las ventas de vehículos ligeros y pesados sean eléctricos o híbridos enchufables para 2030, y el 100% para 2050.
Siete millones de muertes anuales en el mundo están directamente vinculadas con la mala calidad del aire.
México no es ajeno a esta realidad: el transporte es responsable de casi una cuarta parte de las emisiones nacionales.
Los contaminantes asociados a la mala calidad del aire se vinculan con enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el cáncer, en particular cáncer de pulmón y de mama. En nuestro país, este último ocupa el primer lugar entre las causas de muerte en mujeres mayores de 20 años.
En este contexto, la implementación de las acciones de la NDC para el sector transporte cobra mayor relevancia, pues es un sector con oportunidades costo-efectivas para reducir emisiones y generar beneficios directos en salud pública.

