



Decenas de arrendadores cuyos inmuebles se encuentran listados en la plataforma de alojamiento turístico Airbnb han impugnado -mediante Juicios de Amparo- la reforma a la Ley de Turismo de la Ciudad de México, la cual restringe derechos e impone diversas obligaciones a los propietarios.
En al menos 17 Juzgados de Distrito en materia Administrativa de la capital del país se han promovido más de 65 amparos en contra de los cambios a la ley, principalmente por parte de arrendadores que poseen más de tres inmuebles en los que se prestan servicios de estancias turísticas temporales.
Para saber más: La gentrificación existía antes de Airbnb, asegura su director en México
Desde el pasado 5 de abril, los arrendadores de Airbnb ubicados en la capital del país deben tener menos de tres inmuebles, de lo contrario están obligados por la norma a darse de alta como establecimientos mercantiles, además de que también deben registrarse en el denominado Padrón de Anfitriones de la Ciudad de México.
La reforma a la Ley de Turismo de la metrópoliigualmenteobliga a los propietarios a contar con un seguro de responsabilidad civil, y a reportar -en los meses de enero y julio de cada año- la cantidad de noches que el inmueble estuvo ocupado durante el periodo que se informa.
En caso de que los dueños de los alojamientos entreguen información falsa a la Secretaría de Turismo del gobierno capitalino, se aplicarán diversas sanciones.
Estas restricciones trasgreden el artículo 5 de la Constitución, que reconoce la libertad de las personas para dedicarse, sin intromisiones injustificadas por parte de la autoridad, a la profesión, industria, comercio o trabajo que prefieran.
Este numeral de la carta magna igualmente garantiza el ejercicio de la libertad de comercio, en tanto que -implícitamente- reconoce el derecho de igualdad ante la ley, por lo que remite al principio de no discriminación contemplado en el artículo 1 constitucional.
Según los legisladores del Congreso de la Ciudad de México, el objetivo de la reforma normativa es “minimizar las externalidades (consecuencias) negativas” que genera el turismo.
Además, los cambios a la ley intentan evitar la gentrificación, detener el aumento de los precios de la vivienda, y detectar las casas y departamentos que se ubican en zonas habitacionales, no necesariamente turísticas, que funcionan como hoteles informales.
Sin embargo, en el fondo la reforma tiene un espíritu recaudatorio, pues se intenta que los grandes arrendatarios, y los fideicomisos conformados por varios propietarios, paguen impuestos como si los inmuebles que rentan fueran establecimientos mercantiles.
Esto último es un cambio importante: Si se prestan servicios de hospedaje en Airbnb con tres o más inmuebles, al arrendador ya no se le aplicarán las disposiciones del Código Civil, sino que estas actividades se regirán por el Código de Comercio.
Las consecuencias son eminentemente fiscales, por lo que -en este caso- los demandantes cuestionan en los Juzgados federales la constitucionalidad de la reforma al considerar que esta no es proporcional.
Cabe aclarar que la ley no ha sido suspendida por ninguno de los jueces federales que han admitido las demandas de amparo de los arrendadores.
De acuerdo con Airbnb, en la Ciudad de México hay más de 26,500 inmuebles que se rentan para estancias cortas. El 65% de estos servicios se prestan en casas o departamentos que se alquilan por completo.
Esto ha permitido que la plataforma haya retenido en Impuesto Sobre Hospedaje (ISH) más de 500 millones de pesos entre 2017 y 2023, cantidad que fue enterada a las autoridades capitalinas.
Este impuesto grava los servicios de hospedaje prestados por los “anfitriones” de Airbnb. De hecho, el portal afirma que -en promedio- cerca del 28% del precio total de un arrendamiento en la Ciudad de México corresponde al ISH que se retiene y paga mensualmente.
El promedio anual de noches rentadas en la capital mexicana es de 72, con un precio de alrededor de 1,681 pesos, por lo que los propietarios de los bienes dedicados a las estancias turísticas eventuales tienen un ingreso aproximado de unos 99,000 pesos al año.
En 2023, el impacto económico del arrendamiento de inmuebles para el turismo sumó más de 15,000 millones de pesos, cifra con la que se apoyaron más de 63,000 fuentes de trabajo en la metrópoli, pues por cada dólar gastado en espacios de Airbnb, los huéspedes gastan tres dólares adicionales en otras actividades, asegura la plataforma.
¿Qué opinas de la postura de los arrendadores de Airbnb de la CDMX?