
Un análisis interno durante la administración Trump evaluó romper algunos contratos con SpaceX, pero determinó que la mayoría eran indispensables para las misiones de la NASA y el Departamento de Defensa.
A pesar de la tensión entre Trump y Elon Musk, el estudio reveló que terminar los acuerdos —valuados en miles de millones de dólares— pondría en riesgo la infraestructura satelital y de lanzamientos, sin contar alternativas viables.
En junio de 2025, luego del deterioro en la relación entre Donald Trump y Elon Musk —quien criticó públicamente algunas de sus políticas—, el gobierno inició una revisión interna para identificar posibles contratos del sector espacial susceptibles de cancelarse y reducir gasto público.
La Oficina General de Servicios, en colaboración con el Pentágono y la NASA, examinó todos los contratos vigentes con SpaceX. Se intentó evaluar la dependencia de los lanzamientos, redes satelitales y confidencialidad de hardware clave como los cohetes Falcon y la cápsula Crew Dragon.
El informe concluyó que la mayoría de los acuerdos eran esenciales. SpaceX maneja el 83% de los lanzamientos globales de satélites y es la única opción certificada para transportar tripulación a la Estación Espacial Internacional.
Entre los convenios clave se encuentra un contrato de 5,900 millones de dólares para 28 lanzamientos de seguridad nacional, además de misiones de modernización del GPS, Internet satelital Starlink y cargas para el ejército.
Aunque existían contratos menores identificados para investigación, tecnología o consultoría, los analistas indicaron que solo esos podrían ser considerados para cancelación, siempre y cuando existieran proveedores alternos —algo casi inexistente por el momento.
La tensión entre administración y Musk se reflejó en el meme “el Presidente contra el multimillonario”, pero el informe expuso la fragilidad de depender de un solo proveedor para infraestructura histórica y militar. Competidores como Blue Origin están muy lejos de alcanzar la escala de SpaceX.
Expertos sugieren que, en lugar de romper contratos, el gobierno debería incentivar a otras empresas a subir su capacidad tecnológica. El desarrollo de proveedores nacionales fortalecería la resiliencia de la industria espacial frente a posibles embates políticos futuros.
Este caso demuestra que las decisiones políticas no pueden ignorar los aspectos técnicos y estratégicos: la dependencia de SpaceX pone en evidencia que, sin alternativas robustas, incluso con voluntad política, se complica la opción de terminar contratos.
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La revisión interna de los contratos con SpaceX exhibe un dilema clave: aunque el interés político impulsaba la ruptura, la dependencia tecnológica y estratégica hacía impracticable la medida. Esto subraya la necesidad de equilibrar la fiscalización pública con la autonomía operativa, y fortalecer la competencia en sectores críticos como el espacial antes de emprender cambios drásticos.
