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¿Puede tu pareja comprar una casa a escondidas y registrarla a nombre de un familiar sin consecuencias? En México, esta práctica conocida como fraude entre cónyuges o fraude familiar podría convertirse en delito federal, con penas de 3 días hasta 12 años de prisión y multas de hasta 120 veces el salario mínimo.
La diputada Carina Piceno Navarro (Morena) presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y sancionar a cónyuges que, incluso bajo el régimen de bienes separados, oculten propiedades, autos o inversiones durante el matrimonio.
La propuesta, que ya tiene antecedentes en CDMX y Baja California, busca proteger especialmente a mujeres que, tras dedicarse al hogar, descubren que su pareja escondió bienes.
“Es una conducta deplorable que hoy queda impune”, declaró Piceno en citas recogidas por Excélsior. De aprobarse, también se castigaría a los prestanombres que colaboren en el engaño, con obligación de devolver lo defraudado.
Actualmente, el artículo 387 del Código Penal Federal no menciona el fraude entre cónyuges. Esto permite que, en divorcios, uno de los integrantes de la pareja —usualmente quien controla los recursos económicos— oculte bienes registrándolos a nombre de terceros (familiares, amigos o empresas fantasma).
La reforma de Piceno Navarro agregaría un inciso XVI para tipificar estas acciones como fraude penal, aplicable incluso si el matrimonio se pactó bajo separación de bienes.
“No hablamos de un conflicto civil, sino de un engaño premeditado”, explicó la diputada.
Un ejemplo común: un hombre compra un departamento durante el matrimonio, lo registra a nombre de su hermano, y en el divorcio alega que “nunca fue suyo”. La víctima —a menudo una mujer que renunció a su carrera para cuidar a los hijos— queda en la ruina económica.
La iniciativa gradúa las penas según el valor de lo ocultado:
De acuerdo con la propuesta, esos castigos se aplicarán “al cónyuge que deliberadamente haya adquirido bienes muebles o inmuebles que debiendo encontrarse dentro de la sociedad conyugal, se encuentren inscritos en algún Registro Público, escritura pública o contrato privado a nombre de un tercero, sin consentimiento escrito y expreso de ambos cónyuges”.
Se detalla, además, que esa misma pena deberá imponerse al tercero que sirva de prestanombres en operaciones que debiendo haberse dado dentro de la sociedad conyugal, se encuentren a su nombre sin el consentimiento de ambos cónyuges
“Tanto el cónyuge declarado culpable, como los terceros que hayan participado en este esquema de fraude, deberán restituir lo defraudado al cónyuge que cuente con los derechos para ello e indemnizar a la víctima de conformidad con la Ley General de Víctimas”, dice la iniciativa de Piceno Navarro.
Eso significa que los terceros cómplices (prestanombres) enfrentarían la misma pena, y ambos deberán restituir los bienes e indemnizar a la víctima bajo la Ley General de Víctimas.
Esta no es la primera vez que se busca penalizar el fraude entre cónyuges. En 2022, la Ciudad de México tipificó el delito de fraude familiar en su Código Penal, con penas de 1 a 5 años de prisión y multas de hasta 300 días de salario. Por su parte, Baja California aprobó sanciones similares en enero de 2025, añadiendo la obligación de reparar el daño económico.
La diferencia con la iniciativa federal es que esta homologaría el delito en todo el país y ampliaría su alcance:
“Es urgente homologar esta protección a nivel nacional. El objetivo es claro: inhibir esta deplorable conducta”, reiteró la diputada Piceno en el documento.
La reforma propone que, si durante un matrimonio o concubinato uno de los cónyuges adquiere bienes muebles o inmuebles (casas, terrenos, autos, acciones) y los registra a nombre de un tercero sin el consentimiento expreso de su pareja, podría ser acusado de fraude familiar.
Esto aplicaría incluso si la pareja no participó directamente en la compra, el matrimonio se celebró bajo separación de bienes y/o los bienes fueron comprados con dinero propio. Así que lo mejor es consultar a un abogado para saber el estatus de los negocios de tu futuro ex antes de tomar decisiones (pregúntale a Mackenzie Scott, la ex de Jeff Bezos, y a Melinda French Gates).
La iniciativa reconoce que, aunque el delito no distingue género, las mujeres son las más perjudicadas. Según datos del INEGI, el 58% de las mujeres divorciadas no recibe ningún bien tras la separación, pese a leyes que garantizan reparto equitativo.
Según el Observatorio Ciudadano de Violencia Patrimonial, el 72% de los casos de ocultamiento de bienes involucra a hombres como autores. La razón: en México, solo 3 de cada 10 mujeres tienen acceso directo a cuentas bancarias o propiedades, pese a que el 44% aporta ingresos al hogar.
La reforma obligaría a los jueces a investigar oficiosamente registros de propiedades y cuentas en divorcios, algo que hoy rara vez ocurre. Con esta iniciativa, el mensaje es claro: ocultarle bienes a tu pareja podría costarte mucho más que un corazón roto.