
California —apodada con orgullo el Estado Dorado por su clima, innovación y prosperidad— está enfrentando un fenómeno económico y social poco usual: sus residentes más ricos están replanteando su permanencia. Algunos de los multimillonarios que construyeron imperios tecnológicos y empresariales en Silicon Valley están moviendo activos, cambiando domicilios legales o incluso abandonando el estado debido a un nuevo debate fiscal que podría imponer un impuesto directo sobre su riqueza, poniendo en jaque la tradicional alianza entre la prosperidad californiana y sus élites más acaudaladas.
El centro del actual debate en California es una propuesta de iniciativa electoral impulsada por el sindicato Service Employees International Union–United Healthcare Workers West que busca introducir un impuesto único del 5% sobre la riqueza de residentes con un patrimonio superior a mil millones de dólares. La idea es recaudar fondos —se estima hasta 100 mil millones de dólares— para financiar servicios como salud, educación y asistencia alimentaria ante posibles recortes en fondos federales.
Según reporta The New York Times, aunque la medida aún no ha logrado suficientes firmas para aparecer oficialmente en la boleta electoral de noviembre de 2026, ya ha sacudido a Silicon Valley y otras áreas con alta concentración de fortunas, generando una fuerte reacción en círculos empresariales y políticos.
Ante este panorama, multimillonarios como Larry Page, cofundador de Google, han comenzado a trasladar activos y entidades legales fuera de California. A finales de 2025, Page movió múltiples compañías —incluyendo su oficina familiar, Koop LLC, y otras inversiones vinculadas a tecnología y salud— a estados como Delaware, Florida y Texas antes de un plazo considerado clave para el impuesto. La organización sin fines de lucro de su esposa también cambió su domicilio fuera del estado.
Además de Page, otros nombres prominentes como Sergey Brin, también cofundador de Google, han reducido su presencia en California, reubicando o desactivando varias entidades y llevando parte de sus inversiones a estados con regímenes fiscales más atractivos.
Este movimiento ha sido interpretado por analistas como un intento de evitar la posible aplicación retroactiva del impuesto.
De aprobarse, se aplicaría incluso a quienes hayan trasladado su domicilio después del 1° de enero de 2026.
Estados como Texas, Florida, Nevada y Delaware atraen a magnates por varios motivos fiscales y legales. Algunos no tienen impuesto estatal sobre la renta o gravámenes sobre grandes patrimonios, lo que permite a individuos con capitales significativos optimizar su carga fiscal. Además, jurisdicciones como Delaware ofrecen estructuras legales favorables para sociedades y privacidad corporativa, aspectos atractivos para oficinas familiares y vehículos de inversión de altos patrimonios.
Este tipo de movimiento no es nuevo en Estados Unidos, pero la posibilidad de un impuesto directo sobre el patrimonio ha acelerado las decisiones de reubicación y replanteamiento de estrategia fiscal entre los más ricos, preocupados por asegurar su posición frente a cambios regulatorios.
La iniciativa ha dividido a políticos, economistas y líderes empresariales. El gobernador demócrata Gavin Newsom ha advertido que un impuesto de este tipo podría desencadenar salidas masivas de capital y talento, debilitando la economía local y erosionando la base fiscal del estado.
Por su parte, defensores del impuesto argumentan que las enormes riquezas concentradas en unos pocos no han contribuido de manera proporcional a la financiación de servicios críticos, y que este gravamen es una herramienta legítima para equilibrar el sistema tributario sin afectar directamente a la clase media o baja.
El debate también se extiende a analizar si la fuga de millonarios es un fenómeno real o exagerado.
Investigaciones económicas señalan que históricamente la migración de ultra-ricos motivada únicamente por impuestos es limitada. Sin embargo los cambios propuestos en California representan una variable significativa en el contexto estatal.
California ha sido históricamente el epicentro de la innovación tecnológica global, en gran parte gracias a su entorno de negocios, acceso a talento y capital. La potencial salida de multimillonarios que invierten, financian startups o lideran empresas podría tener consecuencias a largo plazo en el ecosistema emprendedor del estado.
Algunos líderes tecnológicos aceptan la idea de gravar mayores fortunas para financiar servicios públicos. Sin embargo, otros señalan que la pérdida de figuras influyentes y de capital no solo afectaría la recaudación fiscal, sino también la inversión y la creación de empleos en sectores estratégicos.
A medida que el Estado Dorado debate esta propuesta, la atención está puesta en si estas medidas pueden equilibrar innovación y competitividad.
