
En México, uno de cada tres pagos con tarjeta en comercio electrónico no se autoriza. Aunque muchas de estas fallas no derivan en reclamaciones, su impacto en el negocio es tangible: son ventas que no se cobran, lo que provoca una presión creciente sobre el flujo de efectivo, los precios y las decisiones financieras de las empresas.
Datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) muestran que en 2023 más de 520 millones de intentos de pago con tarjeta en comercio electrónico no fueron autorizados, pese a que el consumidor sí intentó completar la compra.
El fenómeno ha sido tratado durante años como una fricción técnica. Sin embargo, hoy empieza a leerse como una pérdida económica estructural que presiona precios, márgenes y decisiones de contratación en distintos sectores.
La magnitud del problema no está solo en el número de transacciones fallidas, sino en lo que esas ventas inexistentes provocan. Un menor flujo de efectivo obliga a las empresas a:
En industrias como retail digital, plataformas de servicios, suscripciones y marketplaces, donde el volumen define la rentabilidad, la tasa de autorización se ha convertido en una variable estratégica en el desarrollo del negocio.
El aumento de filtros antifraude, validaciones redundantes y reglas de autorización más estrictas responde a un riesgo, pero ha generado un efecto colateral: una mayor probabilidad de rechazo incluso en operaciones legítimas.
El sistema está privilegiando la prevención del fraude, pero está sacrificando ingresos. Ese equilibrio empieza a ser insostenible cuando el crecimiento se desacelera.
El problema se agudiza en un contexto de inflación persistente y competencia digital intensa, donde perder ingresos invisibles puede ser la diferencia entre operar o desaparecer.
Las expectativas de crecimiento moderado para la economía mexicana este año, sumadas a mayores exigencias regulatorias y de capital, están obligando a las empresas a revisar cómo entra el dinero, no solo cómo se vende. En este escenario, el debate ya no es tecnológico, sino financiero y estratégico: ¿cuánta pérdida silenciosa puede absorber un negocio sin ajustar precios o estructura?
El dinero que no se cobra no aparece en ningún estado financiero como pérdida explícita, pero termina reflejándose en decisiones más duras como recortes, menor inversión o pérdida de competitividad.
El crecimiento de las transferencias inmediatas a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) confirma que la infraestructura para pagos más predecibles ya está en operación. A esto se suman nuevas plataformas que permiten mover recursos de cuenta a cuenta de forma directa, ampliando el abanico de esquemas disponibles para cobrar con mayor certidumbre.
El desafío no es tecnológico, sino estratégico: cómo redistribuir el peso de los cobros para reducir la dependencia de mecanismos con alta tasa de rechazo. Este reacomodo implica diversificar el riesgo de cobro en un contexto donde la liquidez dejó de ser operativa y se convirtió en una variable central de competitividad.
Finalmente, el impacto va más allá de las empresas. Cuando la eficiencia financiera se deteriora, el efecto termina trasladándose al consumidor en forma de precios más altos, menor oferta y menos competencia, justo en un momento de mayor presión sobre el poder adquisitivo. Por ello, seguir tratando el cobro fallido como un problema menor deja de ser una opción viable.

