
Cada 16 de abril, los emprendedores tienen la oportunidad de reconocer sus avances, los desafíos que enfrentan y hacia dónde se dirigen. Este día, que celebra el emprendimiento a nivel mundial, cobra relevancia en México, donde el sector representa una base crítica de la economía: más de 5.4 millones de unidades de negocio que emplean a más de 27 millones de personas, según cifras del INEGI para 2025.
Sin embargo, crecer hoy también implica aceptar una realidad incómoda: muchos emprendedores siguen gestionando su negocio con una lógica de hace diez años, mientras los riesgos ya cambiaron y lo seguirán haciendo. El mapa de amenazas que enfrentan las empresas ha evolucionado de los riesgos tradicionales a recalls de producto —cuando aplica—, amenazas de ciberseguridad o cumplimiento de criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), que están influyendo cada vez más en la forma en que las empresas son evaluadas.
En este último rubro, la presión es cada vez más evidente: 81% de las empresas enfrentan consecuencias negativas por incumplir objetivos ESG, lo que se traduce en un mayor riesgo operativo y financiero, de acuerdo con un estudio de Dun & Bradstreet.
Seguir viendo ESG como una moda reputacional o como un requisito para grandes corporativos es un error. Hoy funciona como un termómetro de disciplina empresarial: revela qué tan preparada está una compañía para resistir presión regulatoria, operativa y financiera.
Una empresa que demuestra control sobre sus prácticas laborales, su cadena de suministro y su impacto social reduce su exposición al riesgo y fortalece su posición en el mercado. En la práctica, esto se traduce en mayor atracción de socios, acceso a cadenas de valor, mejores condiciones de financiamiento y menos restricciones para acceder a cobertura de seguros.
El entorno continuará evolucionando; las empresas pueden dejar de ver el riesgo como un evento aislado o comenzar a integrarlo dentro de sus estrategias.
Esto requiere, primero, entender con claridad dónde se concentran sus principales exposiciones.
La relación que una empresa mantiene con su entorno y su dependencia de recursos naturales define buena parte de su exposición. Factores como regulaciones ambientales más estrictas, consumo intensivo de agua o energía, gestión de residuos y emisiones, así como la vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos —sequías e inundaciones— han dejado de ser variables externas: son riesgos operativos que impactan costos, continuidad y viabilidad del negocio.
La omisión ambiental no puede justificarse como un costo de crecimiento. En muchos sectores, es simplemente una mala decisión de negocio.
En el eje social, el riesgo se construye en la relación de la empresa con personas: empleados, proveedores, comunidades y clientes. Aquí entran condiciones laborales, cumplimiento en jornadas y salarios, conflictos laborales, prácticas en la cadena de suministro, derechos humanos y tensiones con comunidades.
Este tipo de riesgos escala rápido: puede convertirse en litigios, bloqueos operativos, pérdida de contratos o daño reputacional, afectando directamente la estabilidad y el crecimiento.
Y aquí está uno de los errores más comunes: subestimar lo social por considerarlo “blando”, cuando suele ser el frente que más rápido detona crisis legales, operativas y reputacionales.
Actualmente, las empresas medianas operan en un entorno donde omitir el cumplimiento de las condiciones laborales, conflictos con comunidades o fallas en la gestión de derechos humanos puede superar los 5 millones de pesos por evento o 5,000 UMA por infracción, según la Ley Federal del Trabajo. Esto afecta su reputación, asegurabilidad y hasta continuidad.
La gobernanza define cómo se toman decisiones y qué tan controlada está la empresa. Riesgos como falta de controles internos, corrupción, conflictos de interés, opacidad en la toma de decisiones o fallas en el cumplimiento regulatorio no solo afectan la operación, sino que amplifican los riesgos ambientales y sociales.
El resultado: sanciones legales, pérdida de confianza y dificultades para acceder a financiamiento o alianzas.
La gobernanza deficiente es la puerta de entrada para que todos los demás riesgos escalen.
La transición estructural que prioriza criterios ESG beneficia a todas y todos, particularmente en el eje social. Reformas y demandas como el cumplimiento de reportes de sustentabilidad, la reducción de horas laborales y el aumento al salario mínimo son ahora un campo de exploración para empresas medianas en México.
Existen hoy muchas ventajas y oportunidades para gestionar esas obligaciones. Es importante iniciar ya con su cumplimiento porque se prevén nuevas reformas como la regulación del outsourcing, el fortalecimiento de inspecciones laborales, la obligación de políticas contra la discriminación y el acoso, así como exigencias en transparencia corporativa.
Todo apunta en la misma dirección: elevar el estándar mínimo de operación empresarial.
En este contexto, el mayor error no es desconocer ESG, su alcance y asegurabilidad, sino seguir tratándolo como una conversación ajena a las empresas pequeñas y medianas.

