



Tras anunciar las nuevas restricciones para franeleros en la Ciudad de México, el gobierno de la CDMX dio otro paso en la regulación de la micromovilidad. El Congreso local aprobó este viernes reformas a la Ley de Movilidad que obligarán a conductores de bicicletas eléctricas, scooters y bicimotos a portar licencia y placas, marcando el fin de la era de libre circulación para estos vehículos.
En el dictamen del Congreso indicaron que:
“Se contempla la creación de una nueva categoría que se denomina Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPES), es decir, aquellos que cuenten con acelerador independiente, motor eléctrico, dos o más ruedas y que superen los 25 kilómetros por hora”, además de tener un motor de 250 watts a 1 kW.
La medida, avalada en sesión extraordinaria, busca resolver problemas como exceso de velocidad, circulación en banquetas y falta de protección para peatones. Según los legisladores, los VEMEPES deberán cumplir con requisitos similares a los de motocicletas tradicionales.
“Antes de esta modificación legislativa convivían sin reglas claras, bicicletas, patines eléctricos, motocicletas y unidades improvisadas en detrimento de las personas peatones”, dijo el diputado Federico Chávez Semerena (PAN) en declaraciones recogidas por Proceso.
La jefa de gobierno, Clara Brugada, tendrá 360 días para adaptar el reglamento. Mientras tanto, Chávez Semerena y otros legisladores han solicitado un periodo de gracia para comunicar apropiadamente las nuevas reglas a todos los involucrados antes de aplicar sanciones.
A partir de la publicación del decreto, los usuarios de scooters y bicicletas eléctricas enfrentarán un escenario radicalmente distinto. Las reformas a la Ley de Movilidad de la CDMX disctan que:
Diputados como Ángel Macedo (Morena) defendieron la reforma como un avance para la seguridad vial, mientras colectivos ciclistas advierten sobre posibles barreras de acceso.
“Necesitamos claridad sobre el costo de las licencias y trámites”, señaló Luis González, representante de Bicitekas A.C., quien teme que la burocracia desincentive la movilidad sustentable.
Aunque la ley ya está aprobada, su aplicación real podría tardar hasta un año. La Semovi deberá diseñar desde cero los mecanismos de registro, tipos de licencias y protocolos de verificación. Un desafío logístico mayúsculo considerando que en la CDMX circulan más de 200,000 vehículos eléctricos ligeros, según estimaciones de la propia dependencia.
El diputado Chávez Semerena propuso un periodo de gracia de 5 meses para campañas informativas, evitando que la medida se perciba como meramente recaudatoria.
“No queremos que agentes de tránsito multen por interpretaciones subjetivas”, explicó, refiriéndose a la dificultad de medir velocidades sin radares especializados.
Entre los pendientes está definir si las empresas de scooters compartidos –como Lime o Bird– deberán absorber los costos de registro o transferirlos a usuarios. Clara Brugada prometió mesas de trabajo con todos los actores, aunque organizaciones como Greenpeace México ya exigen que parte de lo recaudado se destine a infraestructura ciclista.