



El Congreso de la Ciudad de México dio un paso decisivo contra los abusos de los franeleros al aprobar, con 53 votos a favor, una reforma a la Ley de Justicia Cívica que impone sanciones más severas, según informaron desde su sitio oficial. A partir de ahora, quienes ocupen indebidamente la vía pública en la CDMX para cobrar por estacionamientos, lavar autos o “vigilar” vehículos enfrentarán arrestos inconmutables de 24 a 36 horas.
La iniciativa, impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, está alineada con su plan para ‘ordenar la ciudad’ y busca terminar con prácticas que, según legisladores, derivan en extorsión y afectan la movilidad. Sin embargo, la reforma no solo castiga: también obliga al gobierno local a ofrecer programas de empleo y capacitación para quienes dependen económicamente de esta actividad.
Diputados como Pedro Haces (Morena) defendieron la medida, afirmando que “el espacio público es del pueblo y no se vende”. Mientras tanto, opositores advirtieron que, sin alternativas laborales reales, la ley podría dejar en desamparo a familias que subsisten del “viene-viene”.
La reforma introduce el artículo 28 Bis en la Ley de Cultura Cívica, tipificando cuatro infracciones específicas para los franeleros en la CDMX:
A diferencia de las multas anteriores (que iban de 2,375 a 3,394 pesos), ahora las sanciones serán únicamente arrestos de 24 a 36 horas sin opción a conmutación por trabajo comunitario o pago económico.
El diputado Alberto Martínez Urincho (Morena) destacó que el objetivo es reducir delitos asociados, como extorsión, robo de autopartes o daños a propiedad privada. Además, la reforma aclara que no aplica para manifestaciones culturales o protestas pacíficas.
Jesús Sesma (PVEM) advirtió que, en algunos casos, el dinero recaudado por franeleros termina en manos de grupos delictivos, por lo que la medida también busca desincentivar redes de ilegalidad. Sin embargo, Royfid Torres (Movimiento Ciudadano) criticó que la ley no aborda de fondo la falta de empleos formales, dejando en incertidumbre a quienes dependen de esta actividad.
Uno de los puntos clave de la reforma es el régimen transitorio, que obliga a las secretarías del Trabajo (STyFE) y Desarrollo Económico (Sedeco) a implementar programas de empleo y proyectos productivos para franeleros. La diputada Xóchitl Bravo (Morena) aseguró que el gobierno ya trabaja en un censo para identificar a quienes se dedican a esta actividad y ofrecerles capacitación.
No obstante, organizaciones civiles y algunos legisladores cuestionan si estos apoyos llegarán a tiempo. Torres insistió en que, sin oportunidades laborales reales, la medida solo criminaliza la pobreza. Por su parte, Pedro Haces aclaró que la ley no persigue a trabajadores informales, sino a quienes “privatizan lo público con intimidación”.
La reforma entrará en vigor 30 días después de su publicación en la Gaceta Oficial, acompañada de una campaña informativa (“El espacio público es de todas y todos”). Mientras tanto, el debate sigue abierto: ¿logrará la CDMX erradicar una práctica arraigada sin afectar a familias vulnerables?