
Canadá acaba de sumarse a una de las tendencias regulatorias más polémicas del mundo digital. El gobierno del primer ministro Mark Carney presentó una iniciativa que impediría, al menos de manera temporal, que menores de 16 años tengan cuentas en redes sociales como Instagram, Snapchat, TikTok o Facebook, salvo que las plataformas demuestren que ofrecen condiciones suficientemente seguras para los jóvenes.
El gobierno canadiense presentó el llamado Safe Social Media Act, una legislación que impediría a menores de 16 años abrir cuentas en redes sociales, salvo en plataformas que obtengan una certificación especial de seguridad.
El proyecto forma parte de una reforma digital más amplia impulsada por el ministro de Identidad y Cultura, Marc Miller, quien afirmó que las redes sociales han contribuido a problemas crecientes de salud mental entre los jóvenes canadienses.
A diferencia de una prohibición absoluta, el modelo canadiense contempla excepciones. Las plataformas podrán solicitar una autorización si demuestran que cuentan con medidas de protección adecuadas para los menores, incluyendo controles de contenido, mecanismos de seguridad y herramientas efectivas para reducir riesgos.
La supervisión recaería en una nueva Comisión de Seguridad Digital, organismo que tendría facultades para definir estándares, auditar plataformas y otorgar o negar dichas certificaciones. El proceso podría tardar entre 18 y 30 meses una vez que la ley sea aprobada por el Parlamento.
Uno de los elementos más relevantes para la industria tecnológica es el régimen de sanciones.
La propuesta contempla multas equivalentes al 3% de los ingresos globales de una empresa o hasta 10 millones de dólares canadienses, aplicando la cifra que resulte más alta.
Esto significa que Meta, TikTok, Snap o Alphabet podrían enfrentar sanciones considerables si incumplen los requisitos establecidos por el regulador.
Para las empresas digitales, el reto no será únicamente restringir cuentas de menores, sino demostrar que cuentan con sistemas confiables de verificación de edad sin comprometer la privacidad de los usuarios.
Canadá no está actuando en solitario.
Australia se convirtió en 2025 en el primer país del mundo en prohibir el acceso a redes sociales para menores de 16 años. Desde entonces, gobiernos de Francia, Dinamarca, Reino Unido, Grecia, Alemania y España han comenzado a estudiar medidas similares.
La tendencia refleja un cambio importante en la forma en que los gobiernos entienden la relación entre tecnología y bienestar infantil. Lo que hace apenas unos años parecía una propuesta impensable hoy se está convirtiendo en una opción regulatoria cada vez más aceptada.
Para las plataformas digitales, los adolescentes representan uno de los segmentos más valiosos.
Modelos de negocio basados en publicidad dependen de maximizar el tiempo que los usuarios pasan dentro de las aplicaciones.
Cuanto más tiempo permanecen conectados, más datos generan y más anuncios consumen.
Diversos reguladores han cuestionado si algunos algoritmos están diseñados precisamente para fomentar comportamientos adictivos entre usuarios jóvenes.
Esto explica por qué las nuevas regulaciones podrían tener consecuencias económicas importantes para empresas cuyo crecimiento depende de captar usuarios desde edades cada vez más tempranas.
No todos están convencidos de que la prohibición sea la mejor solución.
Académicos, expertos en privacidad y organizaciones de derechos digitales han señalado que los menores podrían recurrir a VPN, cuentas falsas o plataformas menos reguladas para evadir las restricciones. Otros advierten que los sistemas de verificación de edad podrían obligar a millones de usuarios a compartir información personal sensible.
Además, algunos investigadores sostienen que la relación entre redes sociales y problemas de salud mental es compleja y que aún no existe consenso absoluto sobre el impacto causal de estas plataformas.
