México da 30 días a plataformas digitales para proteger a niños de contenidos violentos

Las grandes plataformas digitales y redes sociales que operan en México tendrán que reforzar sus mecanismos de seguridad para proteger a menores y adolescentes. El Gobierno federal estableció nuevas obligaciones para restringir su exposición a contenidos violentos, sexuales y otras publicaciones consideradas perjudiciales, con un plazo de 30 días naturales para que las empresas documenten e informen las acciones implementadas.

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles 14 de octubre un decreto que contempla la verificación de edad, la clasificación de contenidos, herramientas de supervisión parental y mecanismos para retirar publicaciones que representen riesgos para los menores.

La mandataria también advirtió que el Gobierno podría promover una ley con sanciones económicas o de otra naturaleza si las compañías no cumplen las nuevas disposiciones, aunque todavía no se han definido penalizaciones específicas.

“Si vemos que no se está cumpliendo, entonces pasaríamos a una ley que también implicaría sanciones a las plataformas”, señaló durante su conferencia matutina.

¿Qué establece el decreto de México para proteger a menores en redes sociales?

El nuevo marco de protección busca que las empresas tecnológicas asuman una mayor responsabilidad en el diseño de sus servicios y en la identificación de contenidos que podrían poner en riesgo a niños y adolescentes.

Entre las principales disposiciones anunciadas se encuentran:

• Verificación de edad: establecer mecanismos para identificar si los usuarios son menores de edad y aplicar las protecciones correspondientes.
• Clasificación de contenidos: distinguir publicaciones según su pertinencia para diferentes edades.
• Privacidad predeterminada: activar desde el inicio las configuraciones más protectoras para las cuentas de menores.
• Supervisión parental: proporcionar herramientas para que madres, padres y tutores puedan acompañar su actividad digital.
• Denuncias de usuarios: contar con mecanismos accesibles para reportar cuentas o contenidos peligrosos.
• Retirada de publicaciones: identificar y eliminar de inmediato contenidos que promuevan conductas violentas o ilícitas contempladas en el decreto.

Las medidas no se limitan a que las plataformas respondan después de recibir una denuncia. También incluyen obligaciones relacionadas con la prevención, las recomendaciones de contenido y la seguridad desde el diseño de los servicios.

La Presidencia explicó que la iniciativa busca evitar que los menores tengan acceso a publicaciones que representen riesgos para su integridad y desarrollo.

¿Qué contenidos deberán restringir las plataformas digitales?

El decreto identifica diferentes categorías de publicaciones frente a las cuales las empresas deberán adoptar medidas de protección.

Entre ellas se encuentran los discursos de odio, el extremismo violento, la explotación y el abuso sexual, así como los contenidos que promuevan el suicidio, las autolesiones y los trastornos alimenticios.

También se incluyen la violencia escolar, el acoso, el ciberacoso y otras conductas ilícitas.

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal explicó que las plataformas deberán impedir que niñas, niños y adolescentes accedan o sean expuestos mediante recomendaciones algorítmicas a los contenidos comprendidos en estas categorías.

Además, tendrán que establecer procedimientos para identificar y retirar cuentas o publicaciones que promuevan violencia y otras conductas de riesgo.

Meta, TikTok, Google y otras tecnológicas participaron en las conversaciones

El Gobierno mexicano sostuvo reuniones con representantes de algunas de las principales compañías del sector tecnológico antes de avanzar con el decreto.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, mencionó la participación de Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei.

De acuerdo con la funcionaria, las empresas manifestaron disposición para colaborar e implementar las medidas.

El diálogo incluyó la revisión de las herramientas que varias plataformas ya utilizan para detectar publicaciones peligrosas, restringir determinadas interacciones y ofrecer funciones de seguridad para usuarios menores de edad.

La intención gubernamental es ampliar estos mecanismos y establecer criterios comunes que permitan fortalecer su aplicación en México.

En su conferencia del 9 de octubre, las autoridades señalaron que algunas empresas ya cuentan con políticas para retirar contenidos perjudiciales, pero consideraron necesario fortalecer la coordinación con las instancias encargadas de investigar delitos.

La participación en las reuniones no significa que todas las compañías hayan completado los ajustes ni que sus sistemas de moderación funcionen de manera idéntica.

Las plataformas tendrán 30 días para presentar sus medidas de protección

Uno de los aspectos más relevantes para las empresas digitales es el calendario de implementación.

Las plataformas contarán con 30 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto, para documentar e informar las acciones que adopten.

Durante ese periodo deberán preparar los mecanismos necesarios para atender las nuevas obligaciones y explicar cómo restringirán el acceso de menores a los contenidos previstos.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones dará seguimiento a la aplicación de las medidas.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno, la implementación se realizará en coordinación con las compañías y con otras autoridades federales.

¿Habrá multas para Facebook, Instagram, TikTok y otras plataformas?

Por ahora, el decreto no establece multas específicas para las empresas que incumplan sus disposiciones.

Sin embargo, Sheinbaum advirtió que una falta de cumplimiento podría llevar al Gobierno a proponer una ley que incorpore sanciones.

La Consejería Jurídica también mantendrá abierto un espacio de trabajo para estudiar nuevas propuestas regulatorias.

Por tanto, no se ha anunciado una multa determinada ni una sanción automática por incumplir las nuevas reglas, aunque el Gobierno dejó abierta esa posibilidad.

Las plataformas también deberán colaborar con las autoridades

Además de las medidas de seguridad para los usuarios, el decreto incorpora obligaciones de colaboración con las autoridades encargadas de investigar posibles delitos.

Las plataformas deberán contar con puntos de contacto disponibles para atender requerimientos de información y preservar evidencias relevantes.

También tendrán que colaborar con las instancias de investigación y alertarlas cuando identifiquen contenidos que representen riesgos contra la vida.

De acuerdo con las disposiciones presentadas por la Presidencia, esta coordinación comprende mecanismos de respuesta permanente ante solicitudes de las autoridades investigadoras.

La aplicación de estos procedimientos tendrá que atender las obligaciones legales relacionadas con la privacidad, la protección de datos personales y los derechos de los usuarios.

México se suma a la discusión internacional sobre seguridad infantil en internet

La protección de menores en plataformas digitales se ha convertido en un tema regulatorio relevante en diferentes regiones del mundo.

Gobiernos de Europa, Australia y Brasil han impulsado mecanismos para fortalecer la seguridad de niños y adolescentes en internet, aunque sus modelos y obligaciones no son idénticos.

En México, la discusión también ha avanzado en el Poder Legislativo.

Durante 2026 se presentaron propuestas para establecer mayores obligaciones de verificación de edad, privacidad, supervisión parental y prevención de riesgos relacionados con los sistemas de recomendación.

Una de las iniciativas plantea la creación de una Ley Federal para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales, con disposiciones sobre protección de datos, acceso a redes sociales y mecanismos de denuncia. Esa iniciativa debe distinguirse del decreto presidencial anunciado en octubre.

La discusión regulatoria plantea cómo proteger a las personas menores de edad sin imponer restricciones desproporcionadas a la privacidad, el acceso a la información o la libertad de expresión.

Con información de EFE y fuentes oficiales del Gobierno de México.

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