
La salud mental de quienes realizan uno de los trabajos menos visibles de las redes sociales vuelve al centro del debate.
La familia de una mujer que trabajó entre 2022 y 2025 como moderadora de contenidos de Facebook en Barcelona prepara acciones legales contra Meta y Telus, la empresa que operaba el servicio externalizado, después de que la exempleada muriera por suicidio el pasado domingo en Lyon, Francia.
Roberto Castro, abogado que representa a la familia, explicó que se estudia reclamar una indemnización de entre 200,000 y 500,000 euros, además de valorar posibles acciones penales.
La familia sostiene que la trabajadora arrastraba problemas graves de salud mental relacionados con su trabajo como moderadora. Esa atribución forma parte de su futura reclamación y todavía no existe una resolución judicial que establezca que Meta, Telus o la actividad laboral causaron su muerte.
Detrás de Facebook, Instagram y otras grandes plataformas existen equipos humanos que revisan publicaciones denunciadas o detectadas por sistemas automáticos para decidir si deben permanecer disponibles.
Parte de ese trabajo implica examinar contenido sensible o violento que las plataformas pretenden retirar antes de que llegue a millones de usuarios.
En Barcelona, ese servicio se realizaba desde Torre Glòries a través de CCC Barcelona Digital Services, compañía integrada en Telus International y contratada por Meta.
La exempleada trabajó allí durante aproximadamente tres años. Según su abogado, durante ese periodo comunicó problemas de salud mental y tuvo que tomar una baja médica antes de abandonar finalmente la compañía en 2025.
El bufete asegura disponer de correos electrónicos en los que la trabajadora había comunicado su deterioro psicológico. La defensa sostiene que desarrolló síntomas compatibles con estrés postraumático después de su exposición laboral a contenido especialmente sensible.
Su caso no aparece de manera aislada.
El despacho Bastet representa a un grupo de más de 700 exmoderadores de Facebook e Instagram que reclaman compensaciones a Meta y Telus por los daños psicológicos y morales que atribuyen a sus condiciones laborales.
Según el bufete, cada uno reclama alrededor de 100,000 euros dentro del procedimiento laboral.
Los abogados sostienen que los trabajadores estuvieron expuestos durante años a contenido altamente sensible sin suficientes sistemas de prevención de riesgos psicosociales.
Estas acusaciones continúan dentro de procesos judiciales y no equivalen todavía a una declaración general de responsabilidad contra las empresas.
El caso abre además una pregunta empresarial relevante: cuando una tecnológica externaliza una actividad de alto riesgo psicológico, ¿hasta dónde llegan las responsabilidades del propietario de la plataforma y dónde comienzan las de la empresa contratista?
Aunque la responsabilidad específica por esta muerte todavía no está establecida, los tribunales españoles sí han reconocido previamente que el trabajo de moderación puede causar daños psicológicos laborales.
En diciembre de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmó una sentencia que consideró accidente de trabajo la incapacidad temporal de otro moderador de CCC Barcelona Digital Services.
La Sala de lo Social concluyó en aquel caso que la exposición continuada durante la jornada a contenido de violencia extrema podía considerarse una causa determinante de la afectación psíquica sufrida por el trabajador.
El precedente no decide automáticamente otros casos, pero sí aporta una referencia judicial importante: el riesgo psicológico asociado con determinadas tareas de moderación de contenido puede ser reconocido como riesgo laboral.
La presión legal sobre el antiguo centro de moderación va más allá de las reclamaciones civiles y laborales.
En junio de 2025, 29 exmoderadores presentaron una querella contra Meta y CCC Barcelona Digital Services por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, lesiones graves por imprudencia y contra la integridad moral.
La causa se vinculó con diligencias ya abiertas en un juzgado de Barcelona por hechos similares.
Las acusaciones mantienen que la exposición reiterada a contenido traumático no estuvo acompañada por mecanismos suficientes de protección psicológica.
Por ahora, se trata de alegaciones que deberán ser valoradas por los tribunales.
La operación de Torre Glòries dejó de funcionar después de que Meta terminara su contrato de moderación con Telus en abril de 2025.
La decisión provocó un expediente de regulación de empleo que afectó a más de 2,000 trabajadores. Reuters confirmó entonces que los servicios de revisión fueron trasladados a otras ubicaciones y que Meta mantenía su actividad de moderación pese al cierre del centro barcelonés.
El acuerdo laboral posterior contempló la salida de 2,059 personas y un paquete de indemnizaciones calculado en unos 22 millones de euros.
Un año después, el cierre también sigue litigándose. En septiembre de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña analizó una impugnación sindical que cuestiona las razones del expediente y las condiciones en las que se produjo. La empresa sostiene que el cierre respondió a razones organizativas derivadas de la terminación del contrato de Meta.
Las grandes plataformas utilizan cada vez más inteligencia artificial para detectar desnudos, violencia, discursos de odio, fraude y otros contenidos prohibidos.
Pero la tecnología todavía no elimina por completo la intervención humana.
Cuando un sistema automático no puede determinar con suficiente precisión si una publicación viola las reglas, una persona puede terminar tomando la decisión final.
El modelo permite mantener enormes plataformas con miles de millones de publicaciones, pero crea una categoría laboral muy particular: empleados cuya función consiste precisamente en exponerse repetidamente a materiales que las empresas intentan impedir que vea el resto de sus usuarios.
Ahí surge uno de los grandes retos para la economía digital: el trabajo puede ser realizado a través de una subcontrata, pero los riesgos que genera no desaparecen con la externalización.
El equipo legal de la familia deberá demostrar varios elementos si presenta formalmente su reclamación.
Entre ellos estarán el historial laboral y médico de la exempleada, los avisos realizados a la empresa, las medidas de prevención existentes, las condiciones del puesto y la posible relación entre su trabajo y el deterioro de su salud.
También deberá establecerse qué responsabilidades corresponderían a Telus como empleadora y cuáles, en su caso, podrían alcanzar a Meta como compañía para la que se prestaba el servicio.
Hasta que exista una resolución, conviene mantener esa distinción: la familia atribuye la muerte a las secuelas del trabajo, pero esa responsabilidad no ha sido determinada judicialmente.


