
Si algo nos ha enseñado la FIFA es que le gusta hablar el idioma de los valores… y negociar en el de los contratos. Hoy, con la crisis abierta tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela —que incluyó la captura de Nicolás Maduro, según reportes de Reuters— la pregunta ya rebotó en redes, redacciones y sobremesas: ¿puede la FIFA quitarle a EU la sede del Mundial 2026?
La respuesta corta: no existe un “botón” automático en el reglamento que diga “si un país invade a otro, pierde el Mundial”. La respuesta completa —la que de verdad importa para México y para el negocio global del futbol— es que la FIFA solo se moverá si el torneo se vuelve impracticable: por seguridad, por boicots, por sanciones cruzadas, por imposibilidad de garantizar entradas, movilidad y operación. Y eso no es una opinión: es la lógica de su marco legal y de sus incentivos.
La FIFA no castiga a un Estado como tal; su jurisdicción formal se ejerce sobre asociaciones miembro. En el caso de Estados Unidos, sería sobre la federación (U.S. Soccer), y el mecanismo extremo existe: suspensión o incluso expulsión de una asociación miembro bajo ciertos supuestos, decididos por sus órganos internos.
Pero ojo con el matiz: las reglas se enfocan en obligaciones de membresía y en la gobernanza del futbol (cumplir estatutos, decisiones, no permitir injerencia indebida, etc.). La base de ese régimen está en los Estatutos de la FIFA.
¿Hay precedentes de decisiones por conflictos armados? Sí, y el más citado es Rusia: FIFA y UEFA suspendieron a equipos rusos de competiciones “hasta nuevo aviso” tras la invasión a Ucrania.
Eso muestra que la FIFA puede actuar bajo presión política y deportiva real (amenaza de boicots, calendario inviable, federaciones negándose a competir). Pero también muestra lo segundo: sancionar participación deportiva no es lo mismo que retirar una sede mundialista.
Ser anfitrión del Mundial no es un trofeo simbólico: es un paquete de obligaciones logísticas, comerciales y de seguridad amarrado en acuerdos con FIFA y autoridades locales. En documentos públicos asociados a acuerdos de ciudades sede (por ejemplo, Vancouver) se ve el nivel de estructura contractual que rodea el evento.
¿Puede FIFA retirar o reacomodar partidos? En la práctica sí, si la operación se vuelve riesgosa o inviable. Y aunque muchas cláusulas clave viven en acuerdos privados, el estándar operativo de FIFA en torneos grandes es claro: si no puede garantizar seguridad, movilidad, y cumplimiento básico, la FIFA reconfigura.
Aquí es donde entra la pregunta incómoda: ¿la crisis Venezuela–EU ya cruzó ese umbral? Aún no. Hoy lo que existe es un shock geopolítico —con condenas internacionales y tensión regional, incluida la condena desde México , según reportes—, pero no necesariamente una ruptura logística inmediata para 2026.
La FIFA es experta en una jugada: patear la pelota hacia adelante mientras mide riesgos. Si el escenario no escala a nivel operativo, lo más probable es:
Esto no es cinismo gratuito: es economía política del torneo. En octubre de 2025, incluso ante polémicas internas en EU sobre “mover partidos”, organizadores minimizaron públicamente la probabilidad de reubicaciones.
Y hoy, con la demanda récord de entradas (Infantino habló de 150 millones de solicitudes en 15 días), el incentivo es blindar el negocio, no dinamitarlo.
El Mundial 2026 es, literalmente, el “evento de entretenimiento” más grande del planeta en escala: 48 selecciones, 104 partidos, tres países. Para México , las estimaciones ya hablan de millones de turistas y una derrama importante (cifras difundidas por Femexfut y retomadas por El País).
A nivel macro, FIFA y la OMC (WTO) publicaron un estudio que estima que el torneo podría impulsar hasta USD 40.9 mil millones en PIB en países anfitriones y detonar cientos de miles de empleos equivalentes a tiempo completo en el ecosistema global.
Si EU saliera del tablero como sede, el impacto sería triple:
Para México el golpe sería paradójico: podría ganar más partidos… pero en un entorno de caos logístico y pérdida de confianza. Y la confianza es lo que dispara inversión, turismo y consumo. Con un Mundial “a medias”, el premio se convierte en costo.
¿Puede la FIFA “castigar” moralmente a un país? En el discurso, lo intenta. En la práctica, actúa cuando el futbol corre peligro: cuando hay boicots, sanciones deportivas cruzadas, riesgos severos a delegaciones o imposibilidad de operar.
Con Venezuela, el mundo está mirando —y México también, porque 2026 nos toca en casa—. Pero si lo que esperas es una FIFA convertida en tribunal internacional, te vas a decepcionar. Lo más probable es otra cosa: una FIFA calculadora, administrando reputación y riesgo, cuidando el negocio, y moviéndose solo cuando el costo de no moverse sea mayor.
Y ahí sí: si el conflicto escala al punto de hacer inviable jugar en EU, entonces no será “por Venezuela” en términos morales. Será por lo que más pesa en Zúrich: seguridad, contratos y continuidad del espectáculo.

