
En un mundo donde hablar de inteligencia artificial (IA) suele sonar a ciencia ficción o debates técnicos interminables, Corea del Sur ha dado el paso que muchos gobiernos solo han discutido: convertirse en el primer país del mundo en promulgar una ley integral que regula el uso seguro de la IA. Este avance no solo busca poner límites claros a tecnologías que transforman desde cómo trabajamos hasta cómo nos informamos, sino también establecer reglas que fomenten confianza, seguridad y crecimiento responsable en un sector que crece a velocidad vertiginosa.
El jueves 22 de enero de 2026, Corea del Sur dio un paso sin precedentes al hacer efectiva una legislación pionera que regula la inteligencia artificial a nivel nacional. La llamada Ley Básica sobre el Desarrollo de Inteligencia Artificial y el Establecimiento de una Base de Confianza no solo establece un marco jurídico completo para el uso, desarrollo y supervisión de IA, sino que convierte al país en la primera nación en el mundo en implementar una legislación de este tipo en su totalidad.
Este desarrollo legal llega en momentos cruciales, cuando la IA generativa —modelos que crean texto, imágenes o video— plantea desafíos sobre desinformación, suplantación de identidad y decisiones automatizadas que impactan derechos fundamentales.
Un elemento clave de la nueva ley es la introducción de la categoría “IA de alto riesgo”: sistemas de inteligencia artificial que, por su aplicación, pueden afectar de forma significativa la vida diaria o la seguridad de las personas. Esto incluye tecnologías utilizadas en procesos de selección de empleo, revisiones de préstamos, asesoría médica o servicios públicos.
Las entidades que utilicen este tipo de IA deben informar de forma clara a los usuarios que están interactuando con sistemas basados en inteligencia artificial y garantizar medidas de seguridad apropiadas, reforzando así la transparencia y la responsabilidad en aplicaciones que tienen impacto directo sobre derechos y oportunidades humanas.
Un elemento clave de la nueva ley es la introducción de la categoría “IA de alto riesgo”: sistemas de inteligencia artificial que, por su aplicación, pueden afectar de forma significativa la vida diaria o la seguridad de las personas. Esto incluye tecnologías utilizadas en procesos de selección de empleo, revisiones de préstamos, asesoría médica o servicios públicos.
Las entidades que utilicen este tipo de IA deben informar de forma clara a los usuarios que están interactuando con sistemas basados en inteligencia artificial y garantizar medidas de seguridad apropiadas, reforzando así la transparencia y la responsabilidad en aplicaciones que tienen impacto directo sobre derechos y oportunidades humanas.
