
Después de más de un siglo con la jornada laboral máxima de 48 horas semanales inscrita en la Constitución, el Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma para reducirla a 40 horas. El dictamen, impulsado por el gobierno federal y respaldado por legisladores de todas las fuerzas políticas, representa un paso sin precedentes en la legislación laboral mexicana y busca alinear el país con estándares internacionales, mejorar la calidad de vida de millones de trabajadores y actualizar el marco jurídico en materia de trabajo remunerado.
El pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad el dictamen que reforma el Artículo 123 de la Constitución Política para reducir la jornada laboral máxima de 48 a 40 horas semanales. Con 121 votos a favor, el dictamen fue avalado en lo general sin modificaciones mayores al planteamiento original y se turnó a la Cámara de Diputados para seguir con su proceso legislativo.
Esta votación marca un momento histórico ya que, desde 1917, la jornada laboral fijada en la Carta Magna no había sufrido una reducción de este tipo. Los senadores coincidieron en llamar al cambio un avance significativo para los derechos laborales en México.
La reforma plantea una transición gradual: las 48 horas se mantendrán durante 2026 mientras empresas y trabajadores se preparan, y a partir de enero de 2027 se reducirán dos horas por año hasta alcanzar las 40 horas en enero de 2030. Este enfoque busca dar flexibilidad a los distintos sectores productivos para adaptarse sin afectar la productividad.
Además, el dictamen establece que la jornada máxima de 40 horas quedará consagrada tanto en la Constitución como en la Ley Federal del Trabajo, sin afectar los salarios ni prestaciones de los trabajadores. También se define un nuevo límite para horas extraordinarias voluntarias, hasta 12 horas semanales con pago adicional, y se prohíbe que menores de 18 años realicen horas extra.
La mayoría de los legisladores coincidieron en que el cambio será favorable principalmente para los trabajadores formales. Se estima que la reducción de la jornada podría beneficiar a más de 13.5 millones de trabajadores, muchos de ellos en sectores donde se registran cargas laborales intensas.
Según defensores de la iniciativa, esta modificación puede contribuir a mejorar la salud y el bienestar de la fuerza laboral, al ofrecer más tiempo para descanso, recuperación y equilibrio entre la vida personal y profesional. Organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo han señalado que jornadas largas están vinculadas con problemas de salud física y mental, lo que refuerza la relevancia de la reforma.
Aunque la aprobación fue unánime en la votación general, durante el debate hubo críticas y tensiones sobre algunos detalles del dictamen. Parte de la oposición —integrada por legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— manifestó preocupación por la ausencia de una disposición constitucional que garantice dos días de descanso semanal y por la posibilidad de que se flexibilicen las horas extraordinarias de manera excesiva.
Para algunos críticos, sin esa garantía explícita de descanso semanal, la jornada de 40 horas podría no ofrecer todos los beneficios de dignidad laboral y salud. Otros advierten que las condiciones y calendarios de aplicación deberán ser vigilados para evitar efectos adversos en determinadas industrias o actividades intensivas.
Tras la aprobación en el Senado, la iniciativa ahora se encuentra en manos de la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación. Si recibe el visto bueno en San Lázaro, la reforma deberá ser ratificada por los 32 Congresos estatales. Esto porque se trata de una modificación a la Constitución. Una vez cumplidos esos pasos, la presidenta de la República podrá promulgarla oficialmente.
La votación unánime del Senado para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales representa un hito en la legislación laboral mexicana.
Tiene implicaciones profundas para millones de trabajadores y empresas.
A través de una transición gradual hasta 2030, la reforma busca adaptar al país a estándares internacionales y mejorar la calidad de vida sin sacrificar la productividad.
