
Las pequeñas y medianas empresas mexicanas (Pymes) llegan a 2027 con una combinación compleja: deberán adaptarse a una jornada laboral más corta mientras todavía enfrentan rezagos en digitalización, formalización y productividad.
Esos fueron algunos de los temas centrales de la Cumbre Emprendedora 2026, organizada por la Asociación de Emprendedores de México (ASEM) en la Universidad La Salle, en Ciudad de México. El encuentro reunió a empresarios, consultores y representantes del Gobierno para discutir crecimiento, escalabilidad, inteligencia artificial y los próximos cambios laborales.
El mensaje para las pymes es menos abstracto de lo que parece: 2026 es el año para revisar cómo se trabaja antes de que en enero entre la primera reducción obligatoria de horas.
Aquí existe una actualización importante frente al lenguaje utilizado en algunos materiales empresariales.
La reducción de la jornada semanal ya quedó establecida constitucionalmente. El decreto establece 48 horas durante 2026, 46 en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y finalmente 40 horas a partir de 2030. También señala expresamente que el ajuste no podrá implicar disminuciones de salarios, prestaciones o derechos laborales.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social considera 2026 como un periodo de transición y adaptación para empresas y unidades económicas. El primer recorte efectivo llegará el 1 de enero de 2027.
Para una PyME, el cambio puede traducirse en preguntas operativas inmediatas: ¿cuántas horas necesita realmente cada puesto?, ¿habrá que reorganizar turnos?, ¿qué procesos consumen tiempo innecesario?, ¿cómo se controlarán horas extra y asistencia?, ¿el negocio necesitará más personal?
Durante la cumbre, Eduardo Pérez, director de Operaciones de Siigo Aspel, recomendó precisamente revisar jornadas, contratos, nóminas, entradas, salidas y horas extraordinarias antes de que comiencen las reducciones.
El nuevo esquema contempla además un registro electrónico de jornada laboral para fortalecer la inspección. La STPS señala que todavía emitirá las disposiciones específicas que regularán ese mecanismo.
La otra gran conversación fue tecnológica.
Un estudio elaborado por ASEM y Siigo Aspel encontró que las empresas que utilizan herramientas y servicios digitales facturan 4.8 veces más que aquellas que no los utilizan. La investigación fue realizada con 542 personas fundadoras, socias y tomadoras de decisiones de empresas de las 32 entidades del país.
Pero la cifra necesita una lectura cuidadosa: muestra una asociación, no demuestra que instalar un software multiplique automáticamente las ventas por 4.8. Las empresas más grandes, profesionalizadas o con mayores ingresos también suelen tener más recursos para digitalizarse.
El estudio creó el Índice de Impacto Digital Empresarial (IIDE) para evaluar no solamente cuántas herramientas utiliza una organización, sino si mejoran ventas, reducen errores o ahorran tiempo. La adopción es mayor en ventas, atención al cliente, marketing y administración, mientras áreas como talento, legal y operaciones muestran mayores rezagos.
Para una PyME que tendrá que operar con menos horas laborales, esa diferencia importa. Digitalizar un proceso que continúa mal diseñado puede convertirlo simplemente en un proceso malo más rápido.
La formalización también apareció durante la Cumbre Emprendedora, pero uno de los datos difundidos necesita corregirse.
El comunicado atribuye al INEGI que 64.3% de las unidades económicas consideradas Pymes “carece de personalidad jurídica”. Esa no es exactamente la medición realizada por el instituto.
Los resultados definitivos de los Censos Económicos 2024 muestran que 64.3% de las unidades económicas operaba en condiciones de informalidad en 2023, frente a 62.6% en 2018. En total, INEGI contabilizó cerca de 3.52 millones de unidades bajo esas condiciones.
La distinción importa porque informalidad y personalidad jurídica no son conceptos equivalentes.
INEGI clasifica la informalidad considerando características como número de trabajadores, seguridad social, contabilidad, servicios legales y administrativos, entre otros elementos.
La brecha económica es considerable: aunque las empresas formales representaban 35.7% de las unidades, generaban 96.4% del valor agregado censal bruto.
Otro de los problemas discutidos fue menos tecnológico: muchas empresas dejan de crecer porque todas las decisiones siguen pasando por quien las fundó.
Daniel Marcos, fundador de Growth Institute, planteó durante el encuentro la necesidad de profesionalizar la dirección, distribuir responsabilidades y crear equipos autónomos. Jorge Rosas, CEO de WeWow, añadió que la complejidad operativa puede convertirse en un costo oculto que termina afectando ventas y márgenes.
La inteligencia artificial entró en esa misma conversación. Catalina Irurita, de Be-cGi Consulting, y Josué González, de IAB México, coincidieron en que automatizar puede elevar productividad, pero primero deben documentarse los procesos, protegerse la información y verificarse los resultados.
El principio puede resultar especialmente útil frente a la semana laboral más corta: antes de automatizar, hay que saber exactamente qué trabajo vale la pena conservar.
La Cumbre entregó además el Premio Impulso Emprendedor 2026 a Enlace, organización nacida en Monterrey que trabaja con empresas mediante consejos consultivos y mentorías.
Según cifras de la propia organización difundidas por el Tecnológico de Monterrey, las compañías participantes han registrado en promedio 78% de crecimiento en ventas y 71% en generación de empleo.
Como ocurre con el dato de digitalización, esos porcentajes describen a empresas participantes y no prueban por sí solos que la mentoría sea la única causa del crecimiento.
Sí apuntan hacia una conclusión que atravesó la cumbre: profesionalizar un negocio implica dejar de depender únicamente de las habilidades de quien lo fundó.

