
El modelo de franquicias mantiene su expansión en México en un momento marcado por bajo crecimiento económico y mayor cautela jurídica entre inversionistas. Uno de los motivos de mayor preocupación es el impacto de la reforma al poder judicial, que implica menores garantías de certeza jurídica a la inversión ante una mayor concentración de poder.
El sector de franquicia gana atención por su desempeño operativo, y también por la forma en que gestiona el riesgo jurídico. A diferencia de otros esquemas de inversión, las franquicias se apoyan en contratos estandarizados, reglas claras de operación y mecanismos alternativos de solución de controversias que permiten mantener las disputas fuera de los tribunales.
“Los contratos de franquicia suelen incluir cláusulas de resolución de controversias que privilegian el arbitraje y la mediación, más que el litigio ante cortes mexicanas”,
explica Priscila Adalid-Melgar, asociada de Pérez-Llorca en el área de Franquicias y Licenciamiento, en entrevista con Emprendedor.com.
Desde la práctica de la firma de consultoría, esta característica se ha vuelto especialmente relevante en el contexto actual, donde la incertidumbre institucional pesa en la toma de decisiones, según destaca la experta.
La franquicia parte de una relación comercial continua entre franquiciante y franquiciatario. El primero transfiere el uso de la marca, procesos operativos y know-how; el segundo ejecuta el negocio en un mercado específico. Esa dinámica exige comunicación constante, seguimiento y ajustes operativos. Cuando surgen diferencias, la prioridad suele ser preservar la operación y cerrar acuerdos que permitan una salida ordenada.
“La franquicia no es un contrato que normalmente termine en tribunales. En la práctica, cuando un acuerdo deja de funcionar, las partes suelen negociar su terminación sin necesidad de litigar”,
señala Adalid-Melgar.
En su experiencia profesional, la mayoría de los contratos que ha dado por terminados respondieron a razones comerciales, cambios en ubicaciones o decisiones estratégicas, no a disputas legales de fondo.
Esta forma de resolver tensiones ha permitido que el sector muestre una estabilidad poco común en otros modelos de negocio. Las franquicias aportan alrededor del 5% del Producto interno bruto, con un valor estimado en 915,000 millones de pesos, y generan más de 1 millón de empleos formales. Además, mantienen una tasa de éxito cercana al 85% a cinco años, un indicador que refleja la capacidad del modelo para sostener operaciones en el tiempo.
El uso de mecanismos de mediación ha reforzado esta tendencia. En la Ciudad de México, por ejemplo, los convenios de mediación inscritos en los sistemas de justicia alternativa del Tribunal Superior de Justicia permiten dar fuerza legal a acuerdos privados sin recurrir a juicios largos.
“Estas herramientas aportan certidumbre y evitan quedar atrapados en procesos judiciales cuya duración y resultado son difíciles de prever”,
apunta la abogada.
La reducción de fricciones legales se ha convertido en un factor relevante para inversionistas que evalúan alternativas en un entorno económico moderado. De acuerdo con los Censos Económicos 2024 del Inegi, México cuenta con más de 7 millones de establecimientos, de los cuales 5.5 millones pertenecen al sector privado y paraestatal, y emplean a 28 millones de personas. Dentro de ese universo, el sector de franquicias agrupa alrededor de 1,500 marcas y 95,000 puntos de venta, lo que posiciona al país como la quinta potencia mundial en franquicias.
En 2025, el número de aperturas de unidades creció 8%, por debajo de la expectativa inicial de 10%, pero por encima del desempeño general de la economía. Para 2026, las proyecciones del sector apuntan a un crecimiento cercano al 6%, impulsado por mayor consumo interno y eventos de alto impacto, como el Mundial de Fútbol, especialmente en zonas metropolitanas como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Este comportamiento se explica, en parte, por la manera en que las franquicias operan frente a periodos de incertidumbre.
“Cuando el entorno se vuelve más incierto, muchas empresas optan por expandirse mediante franquicias en lugar de constituir nuevas sociedades”,
afirma Adalid-Melgar.
Durante la pandemia de 2020, la diferencia entre contratos de franquicia firmados y nuevas sociedades constituidas fue significativa, una dinámica que hoy vuelve a observarse, aunque con mayor diversidad de capitales, según comenta la especialista.
Actualmente, el mercado presenta una combinación de flujos. Por un lado, se registra la llegada de capital sudamericano, principalmente chileno, brasileño y argentino, que sí está constituyendo sociedades en México. Por otro, se mantiene un crecimiento sostenido del modelo de franquicias, tanto nacionales como extranjeras.
“Estamos en una etapa en la que todavía no está definido cómo va a evolucionar el panorama de inversión en México”,
reconoce la especialista.
De enero a septiembre del 2025, entraron 40,905 mdd en Inversión Extranjera Directa (IED) a México, de los cuales, 6,563 mdd provinieron de nuevas inversiones, según dio a conocer la Secretaría de Economía. Aunque este rubro creció 218.6% anual, la mayoría de la IED proviene de reinversiones y cuentas entre compañías.
Para las marcas extranjeras, la franquicia sigue siendo el principal vehículo de entrada al país. El modelo permite escalar operaciones sin asumir directamente la gestión diaria y distribuir el riesgo operativo. Dependiendo del esquema elegido, el franquiciante puede conservar distintos niveles de control. En México conviven franquicias maestras, franquicias multiunidad y contratos de desarrollo, cada uno con implicaciones distintas en supervisión, ritmo de crecimiento y control de marca.
“Las franquicias maestras permiten una expansión rápida, pero implican ceder control sobre la apertura y operación de las unidades; los esquemas multiunidad permiten una supervisión más directa”,
explica Adalid-Melgar.
La elección responde a la estrategia del franquiciante y al conocimiento que tenga del mercado local.
Desde la perspectiva jurídica, el marco normativo contribuye a reducir incertidumbre. La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial establece los elementos mínimos que debe contener un contrato de franquicia, incluidos inventarios, delimitación territorial, obligaciones de las partes y causales de terminación. A ello se suman las disposiciones del Código de Comercio, que permiten reflejar acuerdos económicos con flexibilidad, siempre que no se vulneren disposiciones de orden público.
En la práctica, esta combinación normativa facilita que los desacuerdos se resuelvan dentro del propio contrato. La claridad sobre regalías, asistencia técnica, uso de marca y mecanismos de salida reduce el margen para interpretaciones contradictorias.
“Cuando el contrato está bien estructurado, hay menos espacio para conflictos legales”,
señala la abogada.
El modelo también ha comenzado a incorporar nuevas figuras de garantía para asegurar el cumplimiento de obligaciones, especialmente en el caso de marcas extranjeras. En México sigue siendo común la figura del obligado solidario, mientras que empiezan a aparecer cartas de crédito y pagarés, prácticas habituales en Estados Unidos y Europa. Estas herramientas buscan asegurar el pago de regalías y evitar controversias financieras posteriores.
En términos operativos, las franquicias concentran su actividad en alimentos y bebidas, salud y belleza, logística y retail, con una adopción creciente de digitalización, inteligencia artificial y estrategias omnicanal. Estas herramientas permiten estandarizar procesos, reducir errores y mejorar el control operativo, lo que también contribuye a disminuir conflictos entre franquiciante y franquiciatario.
Cadenas como 7-Eleven, con alrededor de 1,700 unidades, y marcas de comida rápida como Little Caesars, destacan por su escala y presencia nacional. A su alrededor se articula una red de más de 270,000 proveedores nacionales, lo que amplifica el impacto económico del sector y refuerza su integración con la economía local.
Para 2026, la Asociación Mexicana de Franquicias prevé mantener la expansión mediante misiones comerciales y fortalecimiento regional en zonas como Sinaloa y Tijuana, con el objetivo de consolidar el ecosistema y atraer nuevos inversionistas. La apuesta pasa por seguir reduciendo barreras de entrada, mejorar la estandarización contractual y fortalecer mecanismos de solución temprana de controversias.
En conjunto, el modelo de franquicias se ha convertido en una vía para sostener inversión y empleo formal en un entorno económico moderado, al tiempo que reduce la exposición a fricciones legales.
“Las franquicias en México siguen siendo un vehículo sólido, con reglas claras y mecanismos que permiten mantener las relaciones comerciales fuera de los tribunales”,
concluye Adalid-Melgar.
